Diputada del PRO denunció a Kicillof y Sileoni

La diputada nacional Patricia Vásquez acaba de denunciar penalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, ante la Fiscalía General de La Plata.

“Espero que el ministerio público fiscal investigue como corresponde la posible comisión de varios delitos, no uno”, expresó la diputada del Pro, que hizo su planteo “con la responsabilidad que me compete como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en defensa de las familias bonaerenses que se ven realmente afectadas, gravemente afectadas porque se incorpora pornografía a la educación de los niños y adolescentes”, señaló la legisladora.

Vásquez considera que los delitos que le imputa a los citados funcionarios “conllevan un perjuicio en la evolución de la salud psíquica y física de los niños, niñas y adolescentes que habitan la provincia de Buenos Aires, colocándolos en un grado de mayor vulnerabilidad”.

La legisladora alerta sobre la utilización, facilitación y promoción de ciertas obras literarias ofrecida en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, a los menores por parte de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ello sucede en el marco de la distribución de libros del catálogo “Identidades bonaerenses”, que abarca a 2.350 escuelas secundarias y 443 escuelas secundarias técnicas, para la utilización de dichos textos en la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) dentro del aula.

“Lejos de contener información relacionada a los objetivos de la ESI, dichos textos denotan escenas de sexo explícitos de manera inadecuada y lenguaje inapropiado para la educación sexual integral que deben tener los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito escolar”, plantea la diputada en su denuncia, donde aclara que no se refiere al valor literario o no de esas obras, sino “a las consecuencias graves que produce el accionar de los denunciados que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público de mínima”.

En ese sentido señaló a parlamentario.com que “yo no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre la obra literaria; ninguno. No estoy diciendo que censuro el contenido de esas obras, porque eso sería a nivel genérico. Lo que estoy diciendo es que ese contenido es inapropiado para las edades en las cuales se distribuye; y con más razón, y ahí está la mayor gravedad, es la responsabilidad de los funcionarios públicos en proteger y cuidar la salud mental u física de los menores. Y no pueden alegremente imponer en el contenido educativo de las escuelas ese material inapropiado para los adolescentes, para los niños, incluso para el primer ciclo escolar”.

 Agrega Vásquez que en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU se establece que los Estados partes deben “proteger a los niños de todo tipo de abuso y explotación sexual”. En ese marco, recuerda que los países “deben adoptar medidas para proteger a los niños de cualquier forma de abuso físico o mental, descuido, trato negligente o malos tratos”.

El artículo 19° de esa convención “subraya la obligación de protegerlos de cualquier contenido que pueda resultar perjudicial para su bienestar físico o mental. En ese sentido –agrega-, exponer a los adolescentes a materiales explícitos sin una adecuada mediación, no solo puede ser inadecuado desde un punto de vista psicológico, sino que también podría vulnerar sus derechos fundamentales”.

El artículo 28 de la Convención refuerza la necesidad de ofrecer una educación de calidad, adaptada a las capacidades y necesidades de los estudiantes. “En línea con esto, el artículo 17 señala el derecho de los niños y adolescentes a acceder a información apropiada para su edad, que fomente su desarrollo integral sin exponerlos a riesgos innecesarios”, señala el texto de la denuncia a la que tuvo acceso parlamentario.com.

Para la diputada Vásquez, “el mismo Estado provincial suministra material con representación explícita de actos sexuales que pueden producir excitación y otras reacciones perjudiciales, dado que al dejar libre demanda a los niños y adolescentes pueden generar un ámbito de perturbación para los mismos”. Y remata: “Lejos de protegerlos, el Estado provincial acrecienta la vulnerabilidad de ellos”.

Con información de Parlamentario