El Senado de la Nación pospone su regreso al recinto y avanza lentamente con su agenda, a la espera del incierto debate del Presupuesto 2025 en Diputados. Esta semana, la Cámara alta reanudará la discusión de la ley antimafia, que ya cuenta con aprobación en Diputados. Además, se iniciará tímidamente el análisis de una propuesta que declara a la educación como servicio esencial, asegurando un mínimo de clases ante futuras huelgas.
Ambas Cámaras del Congreso sufrirán una disminución en la presencia de legisladores debido a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo que afectará automáticamente el trabajo en comisiones. En el Senado, las comisiones de Seguridad, bajo la conducción de la radical Carolina Losada, y de Justicia, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, retomarán en dos días el proyecto sobre el crimen organizado, que propone aumentar las penas para los miembros de organizaciones delictivas, buscando desarticular grandes bandas involucradas en narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.
Esta iniciativa contempla penas de prisión de entre ocho y 20 años solo por pertenecer a una asociación delictiva. Además, cualquier miembro de la organización que cometa un delito más grave también enfrentará el mismo castigo que le correspondería al autor del crimen.
Durante su tratamiento en Diputados, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como referencia la legislación de Estados Unidos conocida como RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), así como la normativa antimafia de Italia. La ley RICO, vigente desde 1970, permite perseguir y sancionar civilmente a quienes cometen ciertos delitos dentro de una empresa, abarcando unos 30 delitos, como fraude, quiebras y lavado de dinero, y facilita acciones legales contra todos los miembros de la organización si se combinan al menos dos de esos delitos.
