Plantearon la inconstitucional del veto de Milei a la movilidad jubilatoria: “Destruye vidas”

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Semino, junto con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el lunes presentó un planteo de inconstitucionalidad contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia Gilardi de Negre, es quien salió sorteada para definir el planteo judicial.

En El Acople con Natalia Nieto y Diego Ferreyra, advirtió que el veto no solo carece de fundamentos razonables, sino que también profundiza la crisis humanitaria que afecta a las personas mayores en el país.

Además, desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, Semino ha denunciado durante los últimos dos años la crisis que atraviesan las personas mayores en Argentina, crisis que se ve agravada por decisiones como el veto presidencial. "Es un sistema que no solo está fallando, sino que está destruyendo vidas", subrayó.

"La situación de los jubilados en Argentina es dramática. No se trata solo de una cuestión económica, sino también de un sistema de salud que no está dando prestaciones en tiempo y forma", declaró Semino. Además, denunció que las restricciones en los descuentos de medicamentos a través de PAMI y otras obras sociales ponen en riesgo la vida de las personas mayores y de aquellas con discapacidad. "Esto no solo afecta la calidad de vida, sino que directamente está causando la pérdida de vidas", sentenció.

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Semino explicó que el veto presidencial a la reforma de la movilidad jubilatoria constituye un nuevo agravio a la ya grave situación de los jubilados. "Hemos patrocinado a los jubilados en diversas causas y presentado amparos colectivos. Este veto es solo una expresión más de una política que ignora la crisis de derechos que enfrentan las personas mayores", afirmó.

Respecto al planteo de inconstitucionalidad, señaló que está sustentado en la falta de razonabilidad del veto presidencial. "Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene facultades para vetar leyes, ese poder debe ejercerse con fundamentación y razonabilidad, algo que no se ha observado en este caso", explicó. "La ley sancionada debe ser promulgada, ya que el veto carece de los argumentos necesarios para justificar su aplicación", agregó.

Semino también denunció el "disparate" que representa la actual situación de los haberes jubilatorios en el país. "Hoy, los jubilados cobran 235.000 pesos de haber y una suma no remunerativa desde hace dos años, algo totalmente arbitrario y discrecional", criticó. El defensor concluyó que esta discrecionalidad en la asignación de haberes es una de las principales razones por las que es urgente resolver esta cuestión.