La cartera encabezada por Patricia Bullrich remitió documentación al fiscal Stornelli, donde constan los costos del despliegue de seguridad del pasado miércoles.
Política15/06/2024
Mientras organismos solicitan la liberación de los detenidos el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la ley Bases, el Ministerio de Seguridad envió a la Justicia un informe sobre los gastos en los que incurrió para el operativo de seguridad de la jornada. En el documento se insiste en la denuncia por sedición que ya había realizado Patricia Bullrich.
El informe enviado al fiscal Carlos Stornelli señala que los gastos superaron los $130.706.892, e incluye el despliegue de tres fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura. "Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones", agrega el texto, que justifica la envergadura del operativo "debido a los desmanes de los grupos sediciosos".
En ese sentido, también se computaron los daños a los vehículos equipamientos (valuados en unos $13.613.500) y el operativo policial del martes por la noche, que se realizó durante el acampe en el Congreso por parte de organizaciones. La intención del Ministerio de Seguridad es que los 33 detenidos afronten esa suma, lo que implicaría una suma de más de $3.960.000 cada uno.
Los informes del Ministerio de Seguridad están rubricados por Carlos Alberto Manfroni, jefe de Gabinete ministerial y uno de los principales impulsores de las reformas en el Código Penal que impone el Gobierno. El funcionario también fue el encargado de rechazar el pedido de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI): "No vamos a exponer los datos personales de los miembros de nuestras fuerzas por caprichos políticos de un organismo militante".
En ese sentido, dentro del detalle de los $130.706.892 de los gastos del operativo de seguridad del 12 de junio, se incluyen "total general de la valorización del personal, flota utilizada, material dañado y parque consumido".
Esto implica:
Diputados nacionales de Unión por la Patria y de la izquierda se mostraron junto a organizaciones sociales y sindicales para pedir la liberación de los 33 detenidos en la manifestación en el Congreso contra la ley Bases. El Gobierno quiere "instaurar en la Argentina un estado de excepción", denunciaron.
Los delitos por los que los 33 manifestantes se encuentran detenidos están relacionados con la resistencia a la autoridad, lesiones y daños. La jueza María Servini indagó a los primeros detenidos y deberá definir si los individuos siguen presos o recuperan su libertad. Se trata de un grupo de 10 personas que inicialmente quedaron bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas.
En paralelo, Servini tiene la responsabilidad de indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa, motivo por el cual permanece como única jueza a cargo de los 33 detenidos totales.
Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) presentará una denuncia penal por la represión policial contra legisladores y apuntaron contra la Patricia Bullrich: "La agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación".
Con información de Ámbito
La ministra de Seguridad se refirió a las grabaciones atribuidas a Karina Milei. Según indicó la funcionaria, el material fue utilizado como un “misil político en plena campaña electoral”, y denunció una presunta operación de espionaje ilegal de extrema gravedad, a la que vinculó directamente con el kirchnerismo.
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“El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, expresó el organismo en un comunicado. Bullrich aseguró que agentes de esa nacionalidad estarían implicados en las grabaciones.
El fiscal federal requirió que se abra una investigación para determinar si existió una operación ilegal de inteligencia. No obstante, aclaró que no se podrá hurgar en las fuentes de los periodistas mencionados.
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