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Tras el avance de la nueva Ley Bases en el plenario de comisiones del Congreso, los gremios de ATE y UPCN prendieron una luz de alerta por la modificación al sistema de empleo público y un giro más agudo en el ajuste estatal de Milei.
Política26/04/2024
Tras el avance del dictamen de la nueva Ley Bases en el Congreso, los gremios estatales encendieron una luz de alerta en las últimas horas porque avizoran un panorama más complejo. No solo porque la normativa consolida una serie de cambios a la Ley de Empleo Público que modificará las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado sino porque advirtieron una nueva ofensiva del gobierno de Javier Milei en las paritarias para seguir licuando los ingresos en el sector.
"Si el Gobierno no nos cita en las próximas horas, nos veremos obligados a anticipar las medidas de fuerza", alertó ayer en la mañana el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Rodolfo Aguiar. El dirigente gremial se refirió en esos términos a la ausencia de convocatoria, por parte del Gobierno, para discutir la paritaria mensual como se hizo en los últimos meses. Al cierre de esta nota, aún no tenían novedades del llamado a negociar un ajuste en los salarios.
"El Gobierno está incurriendo en un incumplimiento grave. Está violando el principio de buena fe que debe regir las negociaciones entre las partes. No podemos dejar que se genere este antecedente negativo en el ámbito paritario", añadió el secretario general de ATE Nacional.
De no mediar un llamado en las próximas horas, en el gremio temen que el gobierno de Javier Milei aplique un 0% de ajuste en los salarios estatales por primera vez desde que llegó al poder. Un congelamiento luego de tres meses de licuación de ingresos con aumentos muy por debajo del índice de precios que, pese a todo, inyectaron algo de fondos en los bolsillos de las y los trabajadores del Estado.
En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en el Estado, también hay preocupación mientras aguardan por la convocatoria. "Está muy difícil", comentó por lo bajo un dirigente a El Cronista. Con un estilo menos combativo que ATE, el gremio que conduce Andrés Rodríguez aceptó firmar las paritarias de febrero (11%) y marzo (8%) a diferencia de sus pares pero esta vez el panorama no es tan claro.
Desde ATE alertan que los plazos para liquidar cualquier aumento con los haberes del mes ya están mayormente vencidos de no mediar una convocatoria urgente que comprometa una suma complementaria a cobrar durante el mes. En marzo, la cita fue de un día para otro.
Con ese fin, intimaron con una carta al Gobierno nacional por incumplir el acuerdo sellado en el acta de la última reunión de marzo. Aunque en aquel momento no se fijó fecha, desde los gremios señalan que en la administración pública todos saben que los 18 de cada mes se empieza el proceso burocrático para liquidar los sueldos.
Extraoficialmente, se muestran menos optimistas. Un dirigente de los estatales detalló a este medio que la convocatoria debía llegar durante la primera quincena de abril pero no sucedió. Y al cierre de esta nota, diez días después de aquel límite, aún no había noticia alguna. En el Gobierno no hubo respuesta ante la consulta de El Cronista sobre cuándo se podría convocar a una paritaria con los estatales para ajustar los ingresos de abril.
Cuánto perdieron los salarios estatales en 2024 y el impacto de la Ley Bases
"Nosotros perdimos más del 21% del ingreso en este trimestre y ni siquiera estoy contando diciembre -afirmó Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de ATE- con lo cual el 20% de recorte en los salarios de los estatales representa como que hubieras perdido 15.000 trabajadores más de la Administración Pública Nacional. O sea que el ajuste lo hacen con los despidos y por otro lado con la inanición del salario de los laburantes".
En simultáneo, siguen con preocupación el dictamen que obtuvo la nueva Ley Bases porque "destruye el ámbito de la negociación colectiva, destruye la representación sindical tal cual la conocemos, destruye el derecho de huelga, plantea la desaparición o la privatización de empresas públicas y plantea la posibilidad de que los trabajadores sean despedidos o intentar trasladarlos a jurisdicciones que estén a más de 50 kilómetros de su lugar de vida", puntualiza Vergara.
La normativa también comprender, en la reingeniería del Estado, la posibilidad de disponer los traslados a otras jurisdicciones con el fin de reubicar los contratos laborales. "Es una forma de despido encubierto porque no podés trasladar tu familia, toda tu vida al lugar distante. Y con el cambio de jurisdicción, podes pasar del Estado Nacional a los provinciales y los municipales con el consabido nivel de pérdida de salario porque los municipios son salarios de indigencia", añadió el dirigente.
Desde ATE advirtieron que, de no ser convocados a paritarias, están dispuestos a adelantar la Jornada Nacional de Lucha que un plenario había votado para el martes 30 de abril.
Asimismo, en la notificación al Gobierno demandan que el Gobierno se abstenga de continuar con "los despidos masivos sin ningún tipo de justificación" que incluye personal con discapacidad y protegido por Ley 22431, con cupo laboral travesti trans amparado por Ley 27636, con concursos de regularización de empleo legal y legítimamente concluidos, y representantes sindicales, bajo tutela de la Ley 23551.
No obstante, en su conferencia matutina el vocero Manuel Adorni rechazó cualquier intimación, prometió una "motosierra eterna" y nuevos ceses de contratos en los meses por venir. El próximo horizonte de incertidumbre se cierra el 30 de junio: ese día, vencen los contratos transitorios que fueron renovados a fin de marzo solo por un trimestre más.
Cronista

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