En una declaración conjunta, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", la Asociación de Derechos Humanos "Coca Gallardo", H.I.J.O.S. Salta en la Red Nacional, y la Asociación Dr. Miguel Ragone Fue Genocidio, se unieron al paro y movilización convocados para este 24 de enero de 2024 por la CGT, las dos CTA (la Autónoma y la de los Trabajadores), y diversas organizaciones políticas y sociales en todo el país.
La Mesa de Derechos Humanos, “comprometida con la defensa de los valores democráticos”, repudió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus propuestos por el Ejecutivo Nacional y su "casta". Según el comunicado que emitió “las medidas representan un ataque directo a las instituciones públicas y a la estabilidad democrática del país. La historia de lucha del pueblo argentino, marcada por los golpes militares y el terrorismo de Estado, enseña que la unidad es esencial para contrarrestar los intentos de suprimir disidencias”.
Enfocándose en Salta, el pronunciamiento señala “la grave situación de pobreza, muerte de niños wichís en el norte, el abandono histórico de los pueblos originarios, la falta de agua, despidos en los hospitales públicos y desnutrición”, como causales para que el Gobernador defina su postura frente a “leyes que podrían agravar aún más la situación de los grupos más vulnerables”.
La Mesa de Derechos Humanos consideró las medidas una regresión a gobiernos autoritarios. Argumentando que amenazan contra los logros obtenidos en los últimos 40 años de democracia, destacando la importancia de los principios de Memoria, Verdad y Justicia.
El comunicado expresa también su rechazo “a la entrega del país a corporaciones multinacionales y exigen un Estado que equilibre las desigualdades sociales en lugar de favorecer a los poderosos”.
Finalmente, la declaración concluye con un llamado a la movilización y la denuncia de aquellos legisladores nacionales que apoyen la Ley Ómnibus, advirtiendo que serán demandados por traición a la patria según el artículo 29 de la Constitución Nacional.
