Los acusados se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y compraron productos por más de 22 millones de pesos con cheques electrónicos. Esto, a sabiendas que no serían pagados por carecer de fondos las cuentas sobre las que fueron librados.
Judiciales 28/12/2023
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 para Héctor Rubén Jiménez, Juan Carlos Sacarías, Bruno Exequiel Carabajal Vilte, Emanuel Nolberto Álvarez, Cristian Ignacio Illescas, Marcos Damián Ruiz, José Miguel Ángel Ramírez, Lucas Miguel Flores, Leandro Nicolás Lozano y Fabricio Isaías Sacarías Galindo por estafas cometidas con cheques electrónicos por 22.548.491,90 pesos.
La Fiscalía acusa a Jiménez y Sacarías de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita -en calidad de Jefe/Organizador-; a Ramírez de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita; a Illescas y Sacarías Lozano, de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) en concurso real con asociación ilícita; y a Viltes, Álvarez, Ruiz, Flores, Lozano de estafa en concurso real con asociación ilícita.
De acuerdo a la investigación realizada desde UDEC, Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías (en su carácter de Jefes /Organizadores), actuando en connivencia con el resto de los imputados pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando tener solvencia económica, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y realizaron compras millonarias, de productos que les fueron entregados, haciendo incurrir en error a los damnificados, entregando como pago cheques electrónicos, sabiendo que no serían pagados por carecer de fondos suficientes las cuentas sobre las que fueron librados.
Además, se pudo establecer que los dos organizadores reclutaban personas jóvenes, sin antecedentes financieros negativos, en muchos casos adictos a sustancias estupefacientes y necesitados de dinero, a los que les compraban ropa para mostrar una apariencia seria, les hacían abrir cuentas bancarias y obtener chequeras, prometiéndoles una comisión. Jiménez y Sacarías les encargaban que se dirijan a distintas empresas a adquirir mercadería por montos millonarios, recibiendo luego los imputados en sus cuentas bancarias o en algunos casos en cuentas de sus familiares transferencias de dinero.
Las denuncias
La denuncia que dio origen a la investigación fue realizada en noviembre de 2022 por el propietario de una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, quien fue estafado en 5.200.000 de pesos con cheques electrónicos.
El 15 de mayo de 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por el monto total de 16.654.741,90 pesos.
En junio de 2023, los responsables de un local comercial de artículos del hogar ubicado en el macrocentro salteño, también radicaron una denuncia por estafas con cheques electrónicos por un valor de 693.750 pesos.
Del entrecruzamiento de datos efectuados por la fiscalía especializada en delitos económicos complejos, se pudo determinar que las personas involucradas en las estafas eran las mismas y actuaban con el mismo modus operandi, por lo que la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de distintas viviendas y la detención de los involucrados en julio de 2023.
La acusada era cajera en el municipio. Se detectó que la mujer, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, realizó maniobras defraudatorias entre lo recaudado para el erario y lo efectivamente depositado en el banco.
La mujer quedó detenida en julio de 2022, después de que el hermanito del menor lograra auxiliarlo y trasladarlo hasta una salita donde lograron salvarle la vida.
Al magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, y a una funcionaria policial con quien posee relación de parentesco, se los acusa de recibir dinero a cambio de que el primero otorgue el arresto domiciliario.
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