D'Alessandro renunció como Ministro de Seguridad denunciando una "operación ilegal de inteligencia" en su contra
El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó su renuncia este miércoles luego del escándalo por la filtración de chats que lo tienen como protagonista junto a un funcionario de la Corte Suprema nacional, así como por su participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín.
"En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra", escribió en Twitter.
Y agregó: "Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino".
"Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó", afirmó. "Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune".
D'Alessandro fue vinculado con un escándalo por la difusión de unos presuntos chats en los que se observan intercambios con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas.
Además, el funcionario apareció también implicado en una primera publicación de intercambio de mensajes con jueces federales, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y directivos del Grupo Clarín para acordar una estrategia de supuesto encubrimiento por un viaje realizado a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido, Bariloche.
Por estas cuestiones se iniciaron investigaciones judiciales, mientras a raíz de las filtraciones D'Alessandro realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.
El 3 de enero, D'Alessandro pidió licencia. Posteriormente, el gobierno nacional lo denunció por "la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales".