Es verdad que, días después de la revuelta popular que hubo en un humilde barrio de la periferia de Rosario, el gobierno nacional anunció que enviaría fuerzas federales para colaborar con la policía local; y que afectaría un grupo de efectivos del Ejército Argentino, del arma de Ingenieros, para que colaboraran en la mejora en las viviendas existentes en la zona.

Paralelamente, el Congreso ya está tramitando una iniciativa que permitirá ampliar la cantidad de cargos en la estructura judicial federal de Santa Fe. Se sabe que eso llevará tiempo hasta que se concrete.

La violencia siguió, porque o alcanza con medidas aisladas, anunciadas casi por obligación, sin convicción; o que no se aplicarán sino dentro de dos años, si todo sale bien. No hubo acuerdos básicos sinceros entre el gobernador, el intendente rosarino y el presidente de la Nación. Por eso hubo más balaceras, homicidios, heridos; las drogas siguieron comprándose y vendiéndose donde todos los consumidores –y también los investigadores-saben. El de Rosario es un grave problema, difícil de resolver en el corto plazo. Pero sin un plan consistente, con pasos coordinados entre las distintas piezas del juego, lo será aún más y disminuirán las posibilidades reales de solución.

Cuando apenas nacía la Patria, Mariano Moreno, ese prócer poco valorado, ideó otro Plan de Operaciones, más intenso y profundo que el nuestro, destinado a los respetados oyentes.

El punto de partida es asumir que toda actividad ilegal relacionada con la producción, fraccionamiento, distribución y venta de todo tipo de sustancias estupefacientes y/o psicotrópicos y fármacos, es una de las más rentables del mundo entero. Sólo compiten con ella el tráfico ilegal de armas y municiones, y hasta de mercenarios, y la trata de persona, que también comprende a las grandes migraciones que hay por todo el mundo, detrás de las cuales también hay grupos criminales organizados, lucrando con semejante desgracia. Todas tienen la misma aptitud corruptora, dentro de las sociedades en las que actúan.

Sólo se puede empezar a escribir un plan reconociendo todo lo anterior en forma expresa. Recién después se deberá tratar de averiguar por qué, en ningún momento, la Provincia de Santa Fe y la Presidencia de la Nación, acordaron aplicar la Ley de Seguridad Interior, número 24059, que tiene dos reformas posteriores, para afrontar el caso Rosario y resolverlo, dentro de la ley. Debieran hacerlo ahora mismo, con tal prescindencia de lo que pueda suceder con el proceso electoral de este año.

En segundo lugar, el gobierno de Santa Fe debe disponer una urgente auditoría externa y privada, respecto de los efectivos de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario. Lo primero a determinar es si alguno de ellos tiene causas penales abiertas, por cualquier motivo, para separarlo de inmediato de sus funciones.

En las cárceles de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires, algo habrá que hacer para controlar el tema del uso de teléfonos móviles, con wi-fi, por parte de los internos relacionados con la Ley de Estupefacientes. Está prohibido en las cárceles federales, pero se los emplea igual.

En tercer lugar, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Legislatura, deben mirar hacia adentro de sus propias filas para detectar la falta de compromiso o bien, un compromiso equivocado, de cualquiera de sus integrantes, si los hubiera.

El Estado Nacional y el Provincial deben reforzar sus presencias en los barrios de la periferia de la gran ciudad de Rosario, atravesados por la violencia y la pobreza, que unidas son un cóctel letal que facilita y aun más necesita de la compra y venta de drogas al menudeo. Ya se sabe que para el contrabando de grandes cantidades, hay varios puertos en la ciudad y sus alrededores.

Se refuerza la presencia del Estado ausente si se mejora el transporte público; la iluminación y el estado de las calles; si se crean nuevas escuelas y colegios; si se inauguran dependencias policiales; salitas o centros de salud de atención primaria, etc.

También se lo hace trabajando con expertos en temas de salud y de estructuras sociales para disminuir el consumo de estupefacientes a todo nivel, en especial, en los más jóvenes, que en esos lugares postergados, tienen la guardia baja para enfrentar por sí solos tanta tentación.

Tengo poco espacio, así que apenas enuncio dos grandes temas para preocuparse y ocuparse. Cómo ingresan las armas y proyectiles; cómo y dónde se blanquea el flujo permanente de dinero en efectivo que ingresa a cada puesto de venta de toda clase de sustancias prohibidas.

 Hasta la próxima.