Advierten que en Salta “hay una suerte de abandono por parte de defensores a personas privadas de su libertad”
Así lo advirtió el abogado Rodrigo Solá, integrante del Comité provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
El abogado Rodrigo Solá, integrante del Comité provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, habló sobre la situación de las cárceles en Salta y su visita al penal de Orán. Según confirmó, Oscar “Cabezón” Díaz se encuentra alojado en un pabellón de máxima seguridad en Salta capital. Se trata del homicida a quien visitó Darío Monges meses antes de ser asesinado.
En Día de Miércoles, el abogado indicó que se entrevistaron con el Director y el Vicedirector del penal de Orán y aseguró que la mayor cantidad de reclamos que llegan a ellos es por la falta de contacto con los defensores, públicos y privados. “Hay una suerte de abandono por parte de los defensores. En el caso de las defensas privadas, tenemos una conversación pendiente con el Colegio de Abogados para tratar ese tema”, subrayó.
Esta situación, explicó Solá, deriva en inconvenientes para las personas privadas de su libertad para acceder a diversos beneficios que requieren presentaciones y seguimiento. Consecuentemente, “repercute en que haya más personas en las cárceles”.
De acuerdo con el análisis del abogado, en el último período hubo avances y retrocesos en materia de acceso a la justicia. Los puntos más álgidos continúan siendo la sobrepoblación en cárceles y los regímenes disciplinarios que no se adecúan a estándares internacionales. “Cada vez que hacemos informes pedimos erradicar las celdas de castigo”, aseguró el integrante del Comité.
Explicó que, conforme a dichos estándares, una persona puede estar sancionada hasta 15 días como máximo. Sin embargo, se encontraron con personas aisladas hasta por 60 días, con un régimen que solo les permite 10 minutos para salir por la mañana y 10 minutos por la tarde, para ir al baño o hablar por teléfono.
Según sostuvo, esta situación puede ameritar recomendaciones e incluso sanciones y consecuencias a nivel internacional. De hecho, advirtió que la Argentina ya tiene condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo cambiar normativas, estructuras, prácticas e incluso reparar económicamente si hubo daños o perjuicios a particulares.
Por otra parte, destacó que la Secretaría de Derechos Humanos “este año han tenido presencia en distintas oficinas”, y aclaró que la actuación del Comité que integra es complementaria al trabajo de la Secretaría.
Sobre el final, celebró que haya mejorado el sistema de alimentación en el Servicio Penitenciario, aunque remarcó que sigue habiendo pendientes, entre ellos el acceso a la salud. Consideró que el desafío es articular con todas las instituciones en prevención de la tortura y modificar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta “para que se adecúe a estándares de derechos humanos”.
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