Cuestionan que la falta de consensos obstaculice una necesaria reforma judicial

El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta analizó en El Acople el sistema judicial argentino y destacó la evidente politización “en el mecanismo que se ha ideado en la reforma del 94 para solucionar ese grave problema que tiene la justicia argentina acerca de las sospechas o las dudas sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces”. Observó así que “se sigue hablando de partidocracia, de tendencias muy determinadas que ponen siempre un halo de sombra en el grave problema de legitimidad de la justicia por estos temas”.

Se refirió luego la preocupante presencia del lawfare en Latinoamérica, haciendo alusión al caso Lula, y subrayó que, en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenta también los problemas de no tener representación de género, ni representación federal. “No tenemos procurador general desde hace muchos años, lo cual es muy grave, y a partir de la cabeza del poder judicial para abajo, todo el sistema federal está en tela de juicio”, aseveró sosteniendo que “es un panorama lamentable” y que se debería evaluar el juicio político a algunos de los integrantes de la Corte.

En líneas generales, lamentó el déficit del gobierno nacional por dar iniciativa a un proyecto que tenía una visión integral, con la creación de cámaras de Casación regionales, la ampliación de juzgados en el interior, pero sin una ley de implementación. “Claramente, hay un problema de concentración de todo lo institucional en la Capital Federal. Hay muchas reformas para hacer, pero veo que no se avanza, aun cuando se han hecho estudios de cómo mejorar el sistema, la reforma judicial nunca se da”.

Para el abogado, “este gobierno tiene un déficit y muestra a las claras que no existe un consenso básico entre fuerzas políticas en la Argentina para solucionar ninguno de los temas de la justicia”. “Es lamentable, yo soy muy crítico de este gobierno que realmente llegó con intenciones de hacer una reforma judicial y no dio ningún paso. El único es este de ampliar el número de miembros de la Corte, y también generó ruido”, sostuvo.

Y añadió: “La sociedad ve esto como una disputa de un número de poder y de lo que se trata es de uno de los poderes del Estado más importante, el que decide sobre los derechos de las personas. No hay acuerdo político y estamos como estamos, precisamente, por esa falta de consensos”.

En Salta

En cuanto a la situación de Salta, consideró que “no existen dos grupos políticos claros que se disputen poder en esos estrados”. Sin embargo, sí existe una politización importante en los más altos niveles del sistema judicial, además de otros problemas asociados a las sospechas de falta de independencia “que tienen que ver estrictamente con el funcionamiento del Poder Judicial, de manera que no es tan grave como lo que está pasando a nivel federal”.

Por otro lado, resaltó la importancia de avanzar hacia la oralidad en todos los procesos judiciales, tal como lo anticipó la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero. “Cuando es en vivo y en directo me parece que contribuye a una democratización, a una mayor proximidad, a una mayor cercanía de la gente con quienes decide sobre sus derechos”, sostuvo el letrado.

Aguirre Astigueta destacó que en Salta, así como en otras de las provincias más empobrecidas, se observa un déficit en el desarrollo en muchos campos, con muy bajos índices de calidad en todos los aspectos de la vida social. “El sistema político salteño es conservador y eso impacta mucho. No puede ser que en Salta no se pueda conocer el sueldo de los jueces de la Corte”, analizó al tiempo que cuestionó que se oponga resistencia a dar a conocer los gastos en publicidad oficial, así como a implementar protocolos de violencia. “Muestra a las claras que somos una sociedad más conservadora en esos aspectos. Somos conservadores en lo que no funcionó antes y no va a funcionar. Tenemos una resistencia al cambio y lo estamos viendo”, puntualizó el abogado.