“Si no me apoyaba un movimiento nacional feminista, yo iba presa”

La médica residente Miranda Ruiz manifestó por El Acople su alivio luego de ser sobreseída tras meses de persecución judicial y mediática por haber garantizado el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. “Me detuvieron el  de septiembre del año pasado, luego de haber padecido 10 días de un escrache mediático inusitado en donde se montaron una concejala de Salvador Mazza y una diputada provincial que incluso ha expuesto en la legislatura versiones falsas respecto a mi accionar como médica, a la paciente y al hospital”, recordó en alusión a las legisladoras Claudia Subelza y Cristina Fiore.

Denunció también que “tomaron partido medios muy importantes de la provincia de Salta”, y agregó: “A mí me detienen y yo, durante esos 10 días, estaba muy incrédula de lo que estaba pasando, del escrache mediático”. La médica remarcó que “estaba todo muy bien escrito en la historia clínica, participó el equipo interdisciplinario, la paciente nunca se arrepintió, accedió a sus derechos”.

“Nosotros, como equipo, la bancamos mientras ella sufría violencia mediática, violencia de la familia. Se metieron los grupos corrompidos anti derechos a amedrentarla para que ella no acceda a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a nosotros también. Y nosotros, como hospital, protegimos a la paciente, le garantizamos el derecho, y luego padecimos el escrache mediático con mi figura como principal punto de conflicto”, ahondó.

Conmovida por el acompañamiento recibido, expresó: “No sabía cómo mi cuerpo toleraba recibir tanto amor de tanta gente. Creo que si no hubiera sido por eso me habría arruinado espiritualmente, pero me han dado una fortaleza enorme. No tengo dudas de que si yo no fuera médica, blanca, para el sentido común porteña porque soy bonaerense, y si no me apoyaba un movimiento nacional feminista, yo iba presa por el delito de aborto, que era excarcelable, que me denunció la tía y no la paciente, diciendo el fiscal que la causal estaba mal justificada, cuando la justificó todo el equipo interdisciplinario”.

“Es una realidad terrible la que vivimos los y las ciudadanas de Tartagal porque si tenemos fiscales y jueces capaces de ser corrompibles, influenciables por intereses extrajurídicos para meter preso a alguien, lo mío se visibilizó y me pudieron sacar, pero, ¿el resto?”, reflexionó al tiempo que denunció que “hay otros profesionales del hospital, hombres, implicados en delitos graves contra pacientes, incluso con repercusión de las dos vidas, y no han perseguido ni juzgado de la misma manera”.

“Si nosotros no le garantizábamos le derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a esa paciente, sí incurríamos en un delito y éramos pasibles de la prisión. Entonces, la justicia de Tartagal no me puede obligar a cometer un delito para estar libre. Tuvo una clara intención disciplinadora”, advirtió la médica.

En tanto, el abogado Oscar Guillén destacó que al asumir la defensa quedó “azorado” ante “los equívocos, los vicios, las incontables irregularidades que tenía el expediente, que no habían sido puntualizados oportunamente, y por el funcionamiento de sistema”. Al respecto, sostuvo: “Es un mal código el nuestro. Dentro de ese sistema, se le adjudica la investigación al fiscal, pero se le pone un juez de garantías individuales. El Estado no tiene garantías, las personas tienen garantías”.

Señaló que “el juez de garantías de Tartagal ignoró las garantías individuales y actuó como segundo fiscal convalidando las arbitrariedades”, como rechazar 9 de 10 pruebas presentadas o pedir el pliego de preguntas para evaluar si citaba a un testigo de la defensa. “Hubo una enorme cantidad de abusos y creo que a los 15 días de empezada la investigación, ya tenía el fiscal un elemento para no causar el daño que causó”, agregó.

Cabe recordar que el juez de Garantías N°2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, fue también quien intervino en el caso Juana, la niña wichí que fue abusada sexualmente y a quien se le negó el acceso a sus derechos.

De acuerdo con Guillén, “en Salta no prosperan los jury de enjuiciamiento”. “El sistema cierra filas y ahí están estos señores que disfrutan de su impunidad. El caso de Miranda es paradigmático, es una verdadera vergüenza que Salta haya dado este testimonio a todo el país (…) Por eso es muy útil este sobreseimiento y que se difunda. Una de las formas de reparar los daños es revisar la conducta de quienes hicieron esto”.