Luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la vicepresidenta Cristina Fernádez de Kirchner por la denominada “Causa Vialidad”, el Gobierno emitió un duro comunicado para rechazar el embate político-mediático-judicial en su contra.

“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, sostiene el texto.

Asimismo, se advierte que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.

De esta manera el Gobierno nacional reiteró su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. También ratificó la necesidad de reformar el Poder Judicial para garantizar tales valores para toda la ciudadanía.

El Ejecutivo expresó así su solidaridad con CFK frente a esta “persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

Finalmente, el presidente Fernández manifestó su “más profundo afecto y solidaridad con CFK, y expresó: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres década”.