La dirigencia gremial, liderada a través de CTERA por Sonia Alesso, apostó a una adhesión masiva por los motivos de la convocatoria, que efectivamente se manifestó en la decisión de las cúpulas sindicales. La Asociación Docentes Provinciales, conducida por Fernando Mazzone, dio el apoyo de Salta pero el acatamiento es personal y voluntario y no lo promovió. 

El principal motivo de la medida de fuerza es el rechazo a la criminalización y judicialización de la protesta social, encarnada en la resolución de un juicio en contra de un dirigente docente de la Provincia de Chubut, a quien la confederación gremial considera víctima de “una causa armada con espionaje ilegal”.  Pero el listado de reclamos se amplió por la creciente inquietud del sector laboral, impactado por una inflación que dejó fuera de línea a cualquier proyección realizada por los gobiernos provinciales, de los que dependen la prestación del servicio de educación.

Es así que la jornada de protesta de este miércoles suma el reclamo de apertura de paritarias provinciales que demanda una veintena de “gremios de base” de todo el país y por la resolución de conflictos propios en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Río Negro, San Luis y Corrientes, en las que ya vienen realizándose paros.

Además, se pide la trimestralización y un aumento de emergencia para los jubilados docentes nacionales y la convocatoria en todos los distritos a los sindicatos para discutir la jornada extendida.

El gremio provincial distinguió su propia gestión ante el gobierno de Gustavo Sáenz, con el que se negoció un incremento del 80% hasta diciembre pero habrá reuniones de seguimiento en septiembre y noviembre. El propósito es que a fin de año el sueldo docente no pierda ante la inflación, que en los cálculos de ADP superará los tres dígitos en 2022. El otro tema pendiente de un debate es la aplicación de la hora extra en las escuelas salteñas, por indicación del ministro de Educación de la Nación.

Pero la cuestión central del paro de este miércoles es la situación de Santiago Goodman, un docente que se desempeña como bibliotecario en una escuela de Rawson, pero que durante los últimos 14 años integró la conducción del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, siete de los cuales como secretario general. Fue juzgado como coautor del incendio en la explanada de la Legislatura, ocurrido el 17 de septiembre del 2019 que consumió parte del edificio público, aun no reparado. El acusado reconoció su participación pero aclaró que estaba amenazado.

El cúmulo de pruebas da por sentada la culpabilidad y deja para el debate si un fallo sancionatorio implica una restricción a la posibilidad de todo ciudadano a realizar una protesta, que es un derecho constitucional. El alegato de la fiscal cuestionó la pretensión de encubrir un delito penal con una protesta social.

Ese debate debe tener una proyección social y no limitarse a una mirada jurídica, política o meramente gremial.

Salta, 10 de agosto de 2022