Previamente se articuló un proceso de abordaje de la problemática de evaluación del sistema de monitoreo de la calidad del agua y la conformación de un mapa de vulnerabilidad. Todo esto, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.

El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.

Lo acordado es de vital trascendencia por tratarse de un elemento vital como es el agua y, además, de extrema fragilidad e importancia ecológica, como es el caso de la subterránea, pues está sometida a márgenes de explotación cuyas consecuencias todavía resultan desconocidas e imprevisibles, que requieren criterios de uso de cautela y precaución.

Tradicionalmente, en nuestra provincia ha habido prácticas, centenarias algunas, consistentes en la realización de pozos para extraer agua para el consumo, para el riego y para la producción, cuyas magnitudes y riesgo en la cuenca subterránea actualmente se desconocen.

Por ello, previo a la rúbrica de la resolución, se articuló un proceso de construcción interinstitucional y participativo, para la iniciación del abordaje de la problemática de evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas de Salta.

En la oportunidad, se evaluó el texto final de dicha resolución conjunta, que fuera preparado por equipos jurídicos, técnicos e informáticos y armonizado a lo largo de diferentes reuniones  generales, donde estuvieron todos los funcionarios y profesionales de los organismos mencionados.

El texto final, que quedó integrado al acta, evidencia el consenso al que se arribó por parte de todos quienes intervinieron en el proceso de abordaje de la problemática del agua en la provincia.

Estuvieron presentes en la reunión: por la Procuración General de la Provincia, el Dr. Pedro García Castiella, por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ing. Julio Mauricio Romero Leal, por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), el Dr. Carlos Humberto Saravia; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ing. Alejandro Aldazabal, acompañado por el funcionario, Dr. Antonio Sánchez López; por el Ministerio Público Fiscal, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, el Secretario Letrado Dr. Santiago José Sotelo, el Coordinador de Informática del Ministerio Público C.U. Guillermo Bozovich, por el Servicio Medio Ambiente del D.T.C./C.I.F. el Ing. José Luis Manzano y el Ing. Eliseo Joel Medina; por el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaria de Medicina Social, Dra. Susana Velazco y por la Coordinación Epidemiológica, la Directora General, Dra. Nélida Analía Ester Acevedo; en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal, por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, la Secretaria de Articulación Institucional, Mgtr. Ana Zelarayán y el Dr. Virgilio Núñez; los funcionarios Ing. Marcelo Ovando, la Lic. Marina Hoyos y el Dr. Jerónimo López Fleming.