Un grupo de senadores de los Estados Unidos le pidió al presidente de ese país, Joe Biden, que intervenga en la investigación judicial del avión iraní de bandera venezolana que permanece retenido desde el 8 de junio pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A través de una carta que le enviaron al procurador general norteamericano, Merrick B. Garland, los legisladores republicanos mostraron su preocupación por “las recientes inacciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que plantean importantes preocupaciones de seguridad nacional” y cuestionaron los motivos “para no ayudar a nuestros socios internacionales o tomar medidas para hacer cumplir las leyes”.

“Le instamos a que responda y ayude con prontitud a la Argentina en el ámbito judicial en la investigación de una aeronave venezolana, junto con su tripulación y pasajeros, ubicada en suelo argentino, y utilizar todas las herramientas y autoridades del Departamento para hacer cumplir todas y cada una de las medidas disponibles bajo las leyes de los EE. UU., incluida la búsqueda de la confiscación de la aeronave”, señalaron en el texto.

La solicitud fue firmada por los senadores Joni K. Ernst, Charles E. Grassley, Lindsey O. Graham, Pat Toomey, Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Cassidy, James Lankford, Tom Cotton, Kevin Cramer, Rick Scott y Bill Hagerty.

Luego de hacer un reconto de los hechos en torno al avión de Emtrasur que todavía permanece en Ezeiza, los congresistas señalaron que la Policía Federal descubrió que entre la carga que transportaba había “tecnologías de inteligencia y equipo militar que genera una sospecha creíble de actividades malignas relacionadas con operaciones cibernéticas y de inteligencia”.

“Además, el piloto de esta aeronave, Gholamreza Ghasmei, es miembro del directorio, accionista y gerente de la línea aérea Qeshm Fars Air, una Aerolínea iraní sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, remarcaron.

En este sentido, los senadores agregaron que “está bien documentado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera”, utiliza a esa empresa “para contrabandear armas”.

“Como resultado, el gobierno de Argentina detuvo a los avión por orden judicial y actualmente retiene los pasaportes de los pasajeros y la tripulación. Tenemos entendido que el DOJ puede poseer información clave para la investigación de Argentina. Por ejemplo, DOJ podrá confirmar si la aeronave, que opera bajo la marca de Emtrasur Cargo, es la misma aeronave prestado a la aerolínea venezolana por Mahan Air en enero de 2022 o si las personas tienen alguna participación en ayudar a las actividades terroristas del régimen iraní”, precisaron.

De hecho, los legisladores remarcaron que “el poder judicial argentino hizo una solicitud formal al DOJ” para que le envíen esa información “hace exactamente un mes, a través del proceso del tratado de asistencia legal mutua (MLAT)”, pero el pedido “no ha recibido respuesta y no hay indicios de que se cumpla”.

“La falta de respuesta a la Argentina es contraria a un largo historial de cumplimiento oportuno y mutuo, que ha tenido un gran éxito en la lucha contra el terrorismo y financiamiento ilícito en la triple frontera. Además, la semana pasada, Irán solicitó formalmente a Argentina que disolviera la investigación. Si el DOJ continúa sin responder, Argentina no tendrá más remedio que liberar el avión y a su tripulación”, advirtieron.

Por todo lo expuesto, los congresistas le reclamaron al procurador general Garland “que brinde garantías de que le entregará la información vital solicitada por el poder judicial argentino” y que “cumpla con su función de investigar” lo que sucedió con este avión.

Infobae