Efectivos de la Policía de Jujuy realizaron este miércoles allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales en el marco de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión, y secuestró documentación y otros elementos, medida que fue rechazada por las entidades, que la consideraron una “persecución política” y apuntaron contra el gobierno provincial de Gerardo Morales.

La medida fue ordenada por el fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio.

“En total son 16 allanamientos los que se tienen previstos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones”, precisó a Télam la diputada provincial del Frente de Izquierda Natalia Morales.

Entre las entidades registradas hay cinco sedes de organizaciones y merenderos que los dirigentes denunciados tienen a su cargo.

Uno de los lugares allanados fue la sede ubicada en el sector B-3 del barrio Alto Comedero donde “el Gobierno de la provincia de Jujuy a través de su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando en la provincia”, denunció en un comunicado el Frente de Organizadores en Lucha (FOL).

“Vamos a entrevistarnos con nuestros abogados para ver todas estas irregularidades y convocar a las organizaciones sociales que están siendo perjudicadas a fin de planificar una gran marcha para protestar y repudiar estos atropellos”, dijo el referente del FOL, Carlos Valda.

Desde esa organización afirmaron que "hay una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país”.

En los procedimientos llevados a cabo por la policía jujeña se secuestraron teléfonos celulares, elementos informáticos y documentación relacionada con los planes Potenciar Trabajo y Acompañamiento, entre otros.