Prueba
Como suele suceder esporádicamente, de alguna manera está irrumpiendo el debate por la reforma de la coparticipación federal. En este caso tomó una inquietante forma de confrontación entre la Corte de Justicia y 17 gobernadores.
La situación se origina en un desacuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que ha recordado que está pendiente de resolución una manda constitucional de reforma de la ley vigente, para encontrar una forma más conveniente de distribuir la masa de recursos que se recaudan para el funcionamiento de los Estados.
Este miércoles venció el plazo para que la Nación y CABA acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal sin llegar a un acuerdo. Fue el máximo Tribunal de Justicia el que llamó a las partes a encontrar una solución al diferendo a través del diálogo y les dio un plazo de 30 días hábiles. Ese lapso tuvo que ser extendido hasta esta semana aunque infructuosamente y ahora debe fallar en la cuestión.
El conflicto tuvo su origen en dos decretos con que el ex presidente Mauricio Macri aumentó los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires con el argumento de la transferencia de la Policía al distrito. Los excesivos recursos transferidos eran el problema por lo que en septiembre de 2020 Alberto Fernández anunció el redireccionamiento de parte esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires en medio de una sublevación de la Policía bonaerense por cuestiones salariales. Casi de inmediato se sancionó una ley ordenando que los montos a transferirse por ese concepto debían definirse de manera acordada entre las partes, precisando que ese dinero no se derive de la coparticipación sino de partidas especiales. CABA resistió y recurrió a la Justicia, que no pudo evitar tener que pronunciarse.
Fue entonces que la Corte Suprema fue advertida por un grupo de gobernadores que el federalismo no se negocia y que debe abstenerse de intervenir en la cuestión. Es que los mandatarios consideran que puede alterar el plexo normativo constitucional quienes precisamente son los que “deberían ser sus celosos custodios", dice el documento que emitieron al respecto.
La forma y el fondo de este pronunciamiento no son datos menores. No es casual que los seis gobernadores que no adhirieron no están alineados con el oficialismo nacional; más aún, tres de ellos son de Cambiemos. A las advertencias que hicieron a los miembros de la Corte, que incluye la declaración que no aceptarán decisiones que violen flagrantemente el federalismo, sumaron la exigencia de ser aceptados como amicus curiae. Adelantaron que presentarán acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de recursos provinciales.
El documento es el segundo paso. El primero fue la adhesión a un informe técnico elaborado en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Los cálculos de los expertos respecto de la cifra que se discute no le dan la razón al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La confrontación, que ahora arrastra a los mandatarios y pone en tela de juicio el carácter de árbitro de los jueces, reactualiza la necesidad de tratar la reforma de la ley de coparticipación federal. Más aún, es posible que haya llegado el momento de discutir muchos temas pendientes de resolución de la agenda fiscal argentina.
Esta instancia pone a prueba la capacidad de gestor del gobernador Gustavo Sáenz, que puso la firma en el pronunciamiento.
Salta 12 de mayo de 2022
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