El caso de Assange, quien lleva diez años intentando evitar la extradición a Estados Unidos, queda ahora en manos de la ministra del Interior británica.

La orden se produce después de que la Corte Suprema del Reino Unido negara en marzo el permiso para apelar contra el fallo de un tribunal inferior de que podía ser extraditado y dictara que el caso sea trasladado a la ministra del Interior británica, Priti Patel.

Eso fue precisamente lo que hizo este miércoles el juez Paul Goldspring durante una visita de apenas siete minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster, informó la cadena de noticias BBC.

De este modo Patel es quien decidirá si le concede o no la extradición al australiano.

Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal con pancartas que pedían "No extraditar a Assange".

La medida no agota las opciones legales para Assange, quien buscó durante años evitar un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación de WikiLeaks de gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.

Sus abogados tienen cuatro semanas -hasta el 18 de mayo- para presentar objeciones a Patel con la esperanza de que se oponga a la entrega y también pueden apelar ante el Tribunal Superior.

Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.

Vestido con chaqueta y corbata, el australiano apareció por videoconferencia desde la cárcel londinense de Belmash, informó la agencia de noticias AFP.

Allí está recluido desde su detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

El fundador de WikiLeaks se refugió en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar.