Estafas Ponzi: más de 16 millones de pesos y 18 vehículos se incautaron a la financiera
El operativo efectuado entre ayer y esta madrugada por el Cuerpo de Investigadores del CIF, dirigido por la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en la ciudad de Salta y en San José de Metán arrojó como resultado que siete mujeres y un hombre fueran detenidos.
En los 15 allanamientos efectuados por investigadores del CIF, secuestraran $ 16.800.000, U$s 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3.000 contratos firmados y confeccionados. Hay ocho detenidos y dos prófugos. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio
También fueron secuestrados entre 400 y 500 contratos en blanco listos para llenar, cédulas verdes, cédulas parcelarias, dos cajas fuertes cerradas y bienes muebles (heladeras, tv smart, bicicletas) recientemente adquiridas.
Dos hombres permanecen prófugos y están siendo intensamente buscados por las fuerzas de Seguridad.
Los 15 allanamientos fueron solicitados por Salinas Odorisio en el marco de una investigación que lleva adelante por estafas de una entidad financiera que, bajo una identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.
Al investigar la financiera, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinaron que la empresa no se encontraba inscripta en Salta para realizar actividades, sino en la Ciudad de Buenos Aires, y sólo estaba habilitada para realizar negocios inmobiliarios. El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.
Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitada. Por su parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional fallecido en 2007.
Serían numerosas las víctimas del negocio financiero que actuaba en distintos lugares de la capital salteña y en San José de Metán.
Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitaron a los damnificados, acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio, con la documentación correspondiente.
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