Eduardo Ángel Yahbes, de 79 años, fue detenido el martes tras un allanamiento policial en su consultorio ubicado en Coronel Díaz al 1700, acusado de la emisión de estos certificados para que las personas que no querían darse la vacuna contra el coronavirus pudieran asegurar que no lo hacían por una causa médica.

Mientras se realizaban las aprehensiones, un grupo de pacientes mantuvo algunos incidentes con los efectivos que concurrieron al operativo, ya que se oponían a la captura del médico.

Tanto al médico como a su secretaria se le realizaron este miércoles las audiencias indagatorias y tras negarse a declarar ante el auxiliar fiscal Santiago Almeida quedaron imputados “por emisión de certificados falsos y violación de medidas contra la pandemia, según los Arts. 295 y 205 respectivamente del Código Penal”, precisó a través de un comunicado MPF. Posteriormente, fueron dejados en libertad.

La causa sigue en investigación y la Unidad de Flagrancia Este encomendó al Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal el peritaje de computadoras y teléfonos secuestrados en el día de ayer.

Hasta el momento se sabe que el médico emitió certificados a por lo menos 250 personas, con el siguiente contenido: “Dejo constancia que contraindico para (…), DNI (..) la aplicación de las denominadas vacunas contra Covid, debido al hallazgo de elementos nocivos para su salud en su composición y a los graves efectos adversos incluida la muerte, según los registros oficiales”

En todos los casos se utilizó la misma indicación médica sin especificar las patologías y/o condiciones clínicas de las personas que podrían justificarla, indicó el MPF.

También explicó que "Yahbes se halla registrado como médico con especialidad en pediatría, egresado de la UBA, y si bien su matrícula está vencida con fecha 1/01/2021, la misma se encuentra vigente por prórroga dispuesta en el marco de la pandemia por Covid19".

Asimismo, una inspectora del Ministerio de Salud refirió que bajo ningún punto puede estar brindado los certificados, y que el domicilio de la calle Coronel Diaz que funcionaba como consultorio, carece de habilitación para tal fin.

Entre otras condiciones, la libertad con restrictivas incluye la prohibición de salir del país sin autorización y prohibición de concurrencia al consultorio mientras dure el proceso judicial.