El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se refirió a la doble indemnización que rige el 31 de diciembre y sostuvo que de mantenerse en crecimiento la economía, la medida no será prorrogada. Sus declaraciones fueron durante un evento en Campana que tuvo como anfitrión al empresario Paolo Rocca, y del que participó además Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

Según consignó Ámbito, el funcionario afirmó que "como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9% es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas". "Moroni también dijo que la política de ingresos tiene un límite y que ese límite es la inflación", añade el artículo.

En este marco, el ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que la actual proyección del Producto Interno Bruto (PIB) prevé un crecimiento "de casi 10%" para 2021, lo que equipararía la caída de actividad registrada el año pasado por impacto de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones de prensa formuladas luego de que el Indec diera a conocer las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Guzmán destacó la mejora de 11,6% en septiembre.

"El dato de actividad económica de septiembre muestra lo fuerte y sólida que está resultando la recuperación económica", afirmó el titular del Palacio de Hacienda. En el mismo sentido, el ministro aseguró: "Con esta evolución de la actividad consecuente con la política económica para la recuperación que estamos llevando a cabo, proyectamos un crecimiento del PIB para 2021 de casi 10%.

Tanto la doble indemnización como la prohibición de despidos fueron adoptadas por el Gobierno a poco de asumir. La primera comenzó a regir en diciembre de 2019 con un plazo inicial de 180 días extendido sucesivamente y que estará vigente al menos hasta fin del 2021.

A diferencia de las primeras prórrogas de la doble indemnización, que mantuvieron la medida sin cambio, en la última extensión el Ejecutivo resolvió imponer como valor tope de $500.000 para el recargo.

Por otro lado, la prohibición de cesantías y suspensiones sin causa fue dictada a raíz de la aparición del coronavirus SARS- CoV2, que obligó al Gobierno a imponer un Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, que alteró el funcionamiento de una economía que venía arrastrando años de caída. En principio se implantó por 60 días. Sin embargo, desde entonces fue extendida hasta la fecha.