En la última sesión de la actual integración de la Cámara de Senadores, el titular de su Comisión de Educación exhortó a no acostumbrarse a que las clases se inicien con un paro docente. Este llamado y el simple trámite de un gremio de convocar a reuniones exigidas institucionalmente tienen una directa conexión y advierten cien días antes sobre la posibilidad de un drama que se repite desde la última década del Siglo XX, con una frecuencia preocupante.

Vale repasar la historia del gremio docente más importante de la Provincia. Desde su fundación en 1959 para representar los docentes de primaria, ADP llegó a comienzos de la década del 90 a ser la estrella mayor de la constelación sindical que se completaba con gremios de menor peso, como UDA (nivel medio), AMET (educación técnica), SADOP (educación privada) y DASA (Docentes Agremiados de Salta).

Un informe de la consultora Cippec, especializada en políticas públicas, identifica dos etapas en la década en la relación de ese sindicato con el gobierno provincial. Durante el gobierno renovador que encabezó Roberto Augusto Ulloa desde 1991, se registraron bastantes focos de conflicto por cuestiones salariales. Para ser precisos, todo el período se caracterizó por un alto grado de conflictividad y un estado de movilización que disminuyó los días de clases significativamente. 

Cuando Juan Carlos Romero asumió la gobernación de la Provincia en 1995, la ADP había pasado a manos de Virgilio Choque. La relación que entablaron fue un punto de inflexión en la historia de ese gremio, que optó por una actitud de diálogo y negociación con el gobierno provincial. Coincidió con una etapa nacional en la que los sindicatos sufrieron un gran desprestigio, en el marco de una gran crisis económica. La afinidad política entre ambos referentes del justicialismo ayudaron a un crecimiento de ADP, cuyas actividades se expandieron hacia las áreas de turismo, transporte, préstamos, asesoramiento legal y otros servicios que llevaron a la importante masa de afiliados a legitimar a ese gremio. El resto fue la aplicación de maniobras para sostener a Choque en la conducción por sucesivos mandatos, hasta que un siniestro vial en 2012 frustró la perpetuación en el cargo.

Su sucesora fue su adjunta, Patricia Argañaráz, quien copió los modos de relacionarse con el poder político. En abril de 2019 fue destituida en asamblea -tras gravísimas denuncias- pero un verdadero tsunami ya había arrasado con la representatividad gremial docente, que en una década se dispersó y complicó la necesaria negociación con el gobierno.

Precisamente ese es el punto en el que se apoyó la exhortación del senador Carlos Rosso, que recordó la demanda del gobernador Gustavo Sáenz de recuperar la institucionalidad del diálogo con la cúpula gremial para evitar que las huelgas interrumpan el proceso de formación de niños y adolescentes.

Desde su banca, renovada a partir de la próxima semana, llamó a todos los afiliados a la Asociación Docentes Provinciales a participar de un proceso transparente y democrático.

Es una oportunidad porque la historia de arreglos espurios no debe repetirse. 

Salta, 19 de noviembre de 2021