Legal, pero no ética

El intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro, quien resultó electo el domingo como senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC), anunció que renunciará a la banca en el Congreso, dejando así el puesto a su esposa, quien lo secundaba en la lista porque denunció un pacto entre Juan Manzur y Ricardo Bussi para quedarse con el gobierno local. El concejal del FdT Emiliano Vargas Aignasse manifestó que “la falta de palabra de Alfaro a la sociedad tucumana no tiene excusas, inventó cualquier fundamento cuando ya sabíamos que su candidatura era testimonial”.

“Los tucumanos me eligieron para ser senador, es verdad, pero es una verdad a medias porque los vecinos de la capital tucumana dijeron este domingo, al igual que en el 2019, 2017 y 2015, que quieren estar gobernados por JxC y no por el Frente de Todos y Fuerza Republicana”, dijo Alfaro a los medios locales para intentar justificar una maniobra legal, pero reñida con la ética y, según denunció Aignasse, que todo el mundo sabía que iba a ocurrir.

De acuerdo a los datos aportados por el escrutinio provisorio, la lista de JxC, que llevaba a la cabeza como candidato a senador a Alfaro, obtuvo el 45,74% (154.767) de los votos, mientras que FdT 28,55%, ( 96.613) y FR 13,06% (46.019).

El intendente denunció que existe “un pacto entre Juan Manzur y Ricardo Bussi, quien conduce FR”, para quedarse con el gobierno de la capital, por lo cual decidió que no asumirá el 10 de diciembre como senador nacional.

El detalle es que no les anunció a sus votantes que ése iba a ser su proceder a la hora de pedir el sufragio.

A partir de la decisión de Alfaro, asumirá en la única banca que consiguió JxC en la Cámara alta JxC su esposa, la diputada saliente Beatriz Ávila, quien lo acompañó en la lista ocupando el segundo lugar.

“No voy a malversar la voluntad del pueblo, la intendencia y la banca seguirá en manos de JxC, como los tucumanos quieren”, concluyó Alfaro haciendo referencia a su compañera.

Habrá que ver si el pueblo tucumano le pasa o factura por la avivada en un momento en el que el sistema político está desprestigiado y a días de una elección en la que se produjo el porcentaje de votos más bajo en una legislativa desde el regreso de la democracia.

Pero claro: el viejo vicio de las testimoniales volvió a ser noticia ayer, cuando reaparecieron en varias provincias y en varias de ellas, impulsadas por gobernadores que se postulan como suplentes en las listas de senadores o diputados nacionales, con la intención de asegurarse una banca en el Congreso de la Nación con dos años de anticipación a la finalización de su actual mandato.

Como en Tucumán, en Mendoza y Santa Fe los respectivos mandatarios provinciales se anotaron como candidatos suplentes a senador nacional y el gobernador de Santiago del Estero hizo lo propio en la lista de candidatos a diputado nacional.

En el caso de Mendoza, hubo impugnaciones contra la maniobra, puesto que la Constitución de la provincia establece que el gobernador del distrito debe esperar a que transcurra un año desde la finalización de su mandato antes de ser elegido para ocupar una banca en el Senado de la Nación.

En Santiago del Estero, la boleta de diputados nacionales de la coalición oficialista fue encabezada por una gran foto única del gobernador Gerardo Zamora, postulado como diputado suplente, más allá de que también buscaba la reelección como gobernador, para un cuarto mandato. Y acá vale la pena recordar que cuando pretendió un tercer mandato consecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo frenó. Pero la reacción del gobernador Zamora fue nuevamente impúdica, pues impuso como sucesora a su esposa, con quien además se ha alternado en una banca en el Senado de la Nación. Con ese concepto patrimonialista del poder, los otros poderes del estado, parecen dibujados.

Algunos advierten que las "candidaturas testimoniales" violan la Constitución, que sanciona con penas de hasta dos años a quienes induzcan el voto con engaños. Los expertos también sostienen que el artículo 73 de la Constitución Nacional no permite a los gobernadores presentarse como legisladores por sus provincias. "Es una prohibición expresa y no da lugar a otras interpretaciones”, dicen los que saben, pero lo cierto es cuando diseñan ardides para retener los espacios de poder, especulan para sí mismos y en contra de lo que propugnan. Estará en el electorado desmenuzar cada oferta electoral y quedarse con la que sea coherente con sus principios.