Una campaña privada logró recolectar un cuarto de millón de firmas de ciudadanos argentinos pero no alcanzó para convencer a los parlamentarios que es una buena herramienta para transparentar la política.

La Cámara de Diputados de Salta cierra la indefinición que demora desde el año pasado su imposición para prohibir la participación de candidatos con causas judiciales. En dos períodos ordinarios no se logró un acuerdo entre ambas cámaras de la Legislatura Provincial pero debe valorarse que sendas sanciones mantuvieron su curso y se evitó que caducara el trámite parlamentario. Indefectiblemente será ley y en los términos dispuestos por la Cámara baja, que fue la de origen. Los cambios se limitarán a un eventual veto del Poder Ejecutivo.

La iniciativa tomó cuerpo frente a la necesidad que se exija a los participantes de contiendas electorales o aquellos que ejerzan cargos públicos, que den garantías de su integridad moral y ética cumpliendo las condiciones que establezca la ley. En la Provincia, la cuestión había comenzado a demorarse cuando se aguardaba que el Senado realice la segunda revisión pero se destrabó la semana pasada cuando el ámbito político se conmovió por diversas imputaciones realizadas en contra del ex intendente de Salvador Mazza, acusado de liderar una asociación ilícita. 

Propuesta como la reforma electoral más importante para transparentar la política, pretende evitar que quienes estén involucrados en  un proceso judicial sean candidatos a cargos electivos provinciales o municipales. Especialmente apunta a que no hayan sido condenados por delitos de corrupción, contra la vida y la integridad sexual, entre otros delitos.

La diferencia entre ambas cámaras provinciales se planteó en que la iniciativa de los diputados establece la prohibición para ser candidatos a quienes tengan una condena por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena. En cambio, el Senado planteó que no podrán ser candidatos los condenados por sentencia, mientras dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración. La Cámara alta apuntó a evitar un eventual planteo de inconstitucional al considerar que hasta una segunda instancia, no es una sentencia firme.

Esta discusión técnica no hace mella en el objetivo de evitar que lleguen a funciones electivas quienes tengan deudas con la Justicia pero evitan que se avance en ese propósito. En varios distritos y en el propio Congreso de la Nación se frustró desde fines del año pasado la intención de encarar el proceso electoral en marcha con la ficha limpia como un filtro que dé garantías a la ciudadanía que las propuestas de los distintos sectores políticos se integran con la mejor dirigencia.

Si se hubiese aprobado la ficha limpia en 2017, cuando ingresó el primer proyecto al Congreso, no hubiese prosperado una nueva reelección de Carlos Menem como Senador de la Nación. Despojado de fueros, hubiese cumplido las penas aplicadas por corrupción en el ejercicio de la Presidencia.  

Es una ley de calidad institucional que la ciudadanía exije y no debe demorarse. 

Salta, 26 de octubre de 2021