La Legislatura Provincial ha iniciado el tratamiento de iniciativas que tienen que ver con la respuesta que están demandando amplios sectores de la población imposibilitados de lograr terrenos para la construcción de viviendas. Es el propio Gobierno el que encuentra un sólido límite en su pretensión de resolver el acceso a la casa propia de decenas de miles de familias, que en cercanías de elecciones amenazan con ocupaciones ilegales. 

La pasada semana hubo un importante asentamiento en Metán en donde no existe oferta alguna de urbanizaciones por parte del Estado. De allí que el Partido Obrero haya encontrado oportuno avanzar con una iniciativa que, de prosperar, impediría que movimientos de ese tipo se repitan en Capital. 

Se trata de un proyecto de ley de expropiación de 90 hectáreas, que significan aproximadamente  4 mil lotes, ubicadas en el sur de la ciudad, que actualmente representan una importante oferta inmobiliaria. La propuesta apunta a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación cuatro inmuebles, con el único destino de realizar un plan de viviendas populares y habilitar terrenos con servicios y urbanización. Se ubican en un área que fue centro de polémicas y denuncias y de allí que la iniciativa dispone que la expropiación se efectúe considerando el valor de la tierra anterior a las mejoras producidas por el Estado en los últimos 20 años con la construcción de las Rutas 21, 26 y la autopista de Circunvalación.

La sola mención de esa área vuelve la atención al escándalo generado hace una década por denuncias realizadas desde el propio Ejecutivo y por parte de dirigentes allegados al entonces gobernador Juan Manuel Urtubey en contra de su antecesor Juan Carlos Romero, por maniobras que constituían ilícitos en la disposición de tierras por las que el Gobierno pagó importantes sumas pero que, supuestamente, fueron a parar empresas de su propiedad. Casi una decena de causas están perdidas en el laberinto de una sospechada Justicia que no ha resuelto ninguna.

En su fundamentación se subraya que existen en Salta más de 70 mil familias que no cuentan con una vivienda y buena parte de ellas han ocupado terrenos fiscales o privados y llevaron adelante construcciones precarias, tanto en Capital como en el interior. Como consecuencia de ello, en el pasado año se han producido unos 38 desalojos. La situación se agravó con la pandemia ya que como resultado de la cuarentena miles de familias se vieron obligadas a dejar de pagar alquileres y hacinarse en las casas paternas, por la pérdida de empleos e incluso de las changas.

A la actual gestión no le ha sido posible definir una política para la problemática habitacional y solo se ha anunciado un plan para otorgar 11 mil lotes con servicios en todo el territorio, el que aún no se ha instrumentado. También se anunció la construcción de viviendas populares que serán licitadas en 2022 y el otorgamiento de créditos, para construcción o ampliación de casas; en ambos casos son medidas nacionales.

Que la cuestión sea prioritaria no determina para nada que la propuesta del trotskismo prospere; quizás ni motive un debate. Sin embargo, la necesidad social en ese orden obligará a que se apuren soluciones reales, que trasciendan los anuncios. 

Salta, 03 de mayo de 2021