Opinión18/03/2021

Exhortación

Una decidida intervención, que no descarta exigir una reunión con Fernanda Raverta, la titular del ANSES, dispuso el Conejo Deliberante capitalino. Lo que en principio parecía una actitud preventiva, consecuencia de la pandemia, se convirtió para el sector pasivo en un verdadero maltrato que está causando severos perjuicios. En esa situación ha decidido poner mano el cuerpo que preside el saencista Darío Madile.

Tras varios meses de angustiosos reclamos frente a las puertas cerradas de la única oficina en funcionamiento del organismo de la seguridad social en esta ciudad, la Comisión de Legislación General del Concejo convocó al titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Salta Sur, Marcos Vera, quien fue a dar explicaciones porqué la dependencia su cargo no está habilitada. El relato de los concejales en la sesión del miércoles dio cuenta que el informe del funcionario nacional osciló entre una declaración de impotencia y un disimulado pedido de ayuda para dar sentido a una gestión que, a diez meses de iniciada, no tiene resultados que mostrar.

Fue la presidenta de legislación General la que llevó la voz cantante de uno de los enjuiciamientos más duros que recibió la mezquina actuación de la ANSES en Salta, desde el inicio de la pandemia. Frida Fonseca demandó una solución concreta y viable a la demanda de prestación fluida y dinámica de servicio del organismo de seguridad social. 

La concejala del Bloque Salta Tiene Futuro no escatimó calificativos para denostar una gestión que, consideró, no garantiza derechos a los ciudadanos salteños que deben tramitar jubilaciones y pensiones y no permite siquiera plantear reclamos o exponer necesidades que son extremas, si se tiene en cuenta que se trata de una población vulnerable, como reconoce el propio Gobierno Nacional a ese sector poblacional.

En la convicción que los ancianos que trabajaron toda la vida y aportaron para sostener los beneficios de la seguridad social no pueden ser maltratados como lo hace el organismo previsional, es que se aprobaron medidas para movilizar al sistema a dedicarse a la razón de ser de su funcionamiento. Hay aportantes que luego de treinta o más años no logran que se movilicen los trámites para acceder a la jubilación y hay quienes no gozan de ningún beneficio porque no pueden obtener la pensión por fallecimiento del titular del haber pasivo.

En un tramo dificultoso de la vida, cuando el deterioro físico natural limita muchas capacidades y las características del modelo de producción margina a muchas personas más allá de sus talentos y capacidades, resulta intolerable que la ineficiencia de un organismo empeore ese cuadro. De allí que haya quedado fundamentada la exhortación a la ANSES de asegurar el correcto funcionamiento de la oficina de atención al público de la UDAI Sur, que no opera desde 2018, cuando sufriera dos incendios en seis meses durante ese año. Esa sola dependencia atendía a no menos de 500 personas por día, lo que da cuenta del impacto de su inhabilitación. 

El Concejo Deliberante también ha resuelto la puesta en funcionamiento de la Oficina de Intergestión con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para la diligencia de trámites con mora. Son dos medidas significativas para intentar revertir el abandono que viene padeciendo un importante número de ciudadanos en el ocaso de su vida.

Un gobierno que se precie de popular e inclusivo no puede ignorar esta demanda.

Salta, 18 de marzo de 2021

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