Opinión 03/03/2021

Esperanza

En 12 años, la mortalidad infantil tuvo una caída del 36 %. La tasa que en 2007 era del 15,4 por cada mil nacidos, se redujo a 9,6 por mil en 2018. Es lo que el 12 de julio 2019 subrayaba en acto público el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, el mismo que al entregar el mando cinco meses después dejó un tendal de niños que morían en el norte, devastando a familias originarias.

Un más de un año desde ese momento, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, resaltó que en los dos primeros meses de 2021 se registró mortalidad infantil cero, algo que no sucedía desde hace 17 años. Y calificó tal circunstancia como un hecho histórico que el gobierno provincial celebra. Destacó que es el resultado de una estrategia a corto plazo que dio resultado y precisó que se sigue trabajando permanentemente en otras a mediano y largo plazo.

Nada más preciso que los números para ponderar una situación pero no parece ser este el caso. Lamentablemente, cuando de lo que se trata es de estadísticas, se debe tener en cuenta que desde se han incorporado al escenario político se han convertido en un producto manipulable. Reconocen los especialistas que, en determinadas circunstancias, no están al servicio de la verdad sino que se usan para defender intereses, generar climas sociales y, habitualmente, para ocultar realidades. Es así que se alteran indicadores de pobreza y exclusión, de diferencias entre pobres y ricos, de empleados, subempleados y desempleados, tasas de homicidio, cantidad de muertes por epidemias y muchos otros datos relevantes para interpretar un momento determinado.

Hay que recordar que en 2007, por decisión de quien ocupaba la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno se produjo la Intervención del INDEC. La decisión encajaba en un engranaje desarrollado por el gobierno nacional de turno para la manipulación del relato social. Ello ha llevado a una crisis de confiabilidad de los mecanismos y sistemas de información, que los técnicos y trabajadores del Instituto de Estadísticas y Censos aún tratan de revertir. 

En otros ámbitos también se alteran datos sustanciales, como las causas de muerte que figuran en un certificado de defunción. No se indica la patología de base que es la verdadera razón, como advirtieran en 2015 dirigentes sindicales del sector de la salud en Salta.

Jesús Villa, legislador kirchnerista de Rivadavia y denunciante serial de muertes infantiles en el norte, calificó de “una gran mentira” la afirmación de la ministra Figueroa e insistió en que la semana pasada murió un bebé de 3 meses en Banda Sur. Los familiares del niño denunciaron que era una muerte evitable y que tuvo lugar debido a la falta de ambulancias y médicos. Fue, en definitiva, consecuencia de la ausencia de la salud pública, según dijo el diputado, al anunciar para este miércoles la visita del titular de esa cartera.

Todo parece indicar que la Ministra de Desarrollo Social y el diputado tienen razón. La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, sumó su voz para dar cuenta que después de 17 años, es el primer período en el que, entre enero y febrero, no se reportaron casos de mortalidad infantil relacionadas con la diarrea, la desnutrición y la deshidratación.

Pero se siguen muriendo niños por múltiples razones. Especialmente los originarios mueren porque son pobres, porque no tienen agua potable, porque a los adultos les falta trabajo y por el olvido de parte de los gobiernos, que no diseñan ni aplican políticas públicas eficaces.

Esa difícil situación es sobre la que está trabajando el gobernador Gustavo Sáenz y la senda que transita es esperanzadora 

Salta, 03 de marzo de 2021

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