El 30 de marzo vence el plazo para que todos los alcanzados por el Impuesto a la Riqueza hagan frente a este gravamen que generó polémica y que el Senado de la Nación convirtió en ley en diciembre pasado. Se trata del pago que deberán realizar todas las personas que tengan un patrimonio superior a los $200 millones.

En este sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que unas 2500 personas se borraron del impuesto a los bienes personales, que es el gravamen precedente al de la Riqueza. La maniobra, advierte un informe secreto del organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, busca eludir el pago de estas obligaciones.

En la lista hay importantes empresarios de la Argentina y famosos. Según las fuentes consultadas, no se descarta que la AFIP los denuncie penalmente, lo que podría derivar en un escándalo de mayores proporciones.

El Impuesto a la Riqueza abarca a un universo de 13.000 personas. La iniciativa impulsada por el kirchnerismo duro prevé el cobro del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

La tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos; al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. El gravamen subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

Un pequeño grupo de senadores y diputados debería pagar una cifra millonaria. Del análisis de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) surge que ocho legisladores quedarían alcanzados por el Impuesto a las Grandes Fortunas y aportarían unos $100.222.863.

El gravamen había sido fuertemente cuestionado por las cámaras empresarias e industriales al considerarlo “inconstitucional”. La oposición había advertido que con su aprobación solo se iban a generar una catarata de medidas cautelares y otras demandas contra el Estado. De hecho se espera una amplia gama de planteos jurídicos por parte de los contribuyentes.

Se espera que buena parte de los contribuyentes planteen la confiscatoriedad de la medida, lo que se produce cuando la carga tributaria afecta una parte sustancial de la renta o del patrimonio.

Antes de que la iniciativa se aprobara en Diputados, el Foro de Convergencia Empresarial -integrado por más de 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio- había advertido sobre una posible “rebelión fiscal”. La queja se produjo en medio de la pandemia, donde varios sectores productivos se vieron afectados por la cuarentena estricta en la Argentina, que se inició en marzo y se prolongó hasta mediados de 2020.

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