El vocero del Gobierno chileno, Jaime Belollio, dijo que en Chile son los tribunales de justicia los encargados de determinar si existieron o no violaciones a los derechos humanos, en respuesta a las afirmaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien califico como delitos de lesa humanidad distintos hechos de represión estatal cometidos en el contexto del estallido social ocurrido desde el 18 de octubre de 2019.

“En un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son expresidentes, sino que son los tribunales de justicia”, dijo el secretario de Estado.

Belollio resaltó que en Chile existe un orden democrático, en el que se respeta la autonomía de los fiscales y de los tribunales, además recordó que fue el propio presidente Sebastián Piñera quien solicitó a la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que visitara el país y levantara un informe respecto al tema.

En este sentido, el vocero calificó de fundamentales los ámbitos relacionados con derechos humanos para el Ejecutivo, remarcando el compromiso de que “nunca se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos, ni las que ocurrieron en dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en las dictaduras en Latinoamérica ni otras partes del mundo y las que puedan ocurrir en el futuro”.

“Ese compromiso en los derechos humanos implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia, y esa justicia en un país democrático la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”, añadió Belollio.

El pasado 10 de diciembre Bachelet, contestó un cuestionario de nueve preguntas enviado el pasado 2 de octubre por la fiscal Claudia Perivancich, a cargo de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social ocurrido a finales de 2019, en el que afirmó que se registraron diversas violaciones a los derechos humanos en todo el país aunque mayormente en “la región metropolitana y contextos urbanos”.

“A partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, señala parte del texto de la ex mandataria.

Adicionalmente, Bachelet reconoció haber sostenido reuniones con diversas autoridades del Gobierno, como el Ministerio Público y la oficina de derechos humanos de Carabineros de Chile, una de las instituciones más señaladas, pero subrayó que no pudo reunirse con las carteras de Interior ni Defensa, por “motivos ajenos” a su oficina.

Durante el transcurso de 2020, se confirmaron múltiples querellas por crímenes de lesa humanidad cometidas por algunos funcionarios de la policía chilena, quienes fueron desvinculados por causar graves lesiones a ciudadanos durante las protestas de octubre y fines de 2019.

El estallido social fue el punto de partida para que el Gobierno determinara resolver algunas demandas sociales del pueblo, a través de la celebración de un plebiscito que permita cambiar o no la Constitución del país y mediante cuál mecanismo.

La consulta popular estaba pautada para abril, pero debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, fue aplazada para el 25 de octubre, cuando finalmente los ciudadanos votaron masivamente a favor de cambiar la constitución heredada desde la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).