El Gobierno nacional buscará armar un frente común de negociación con las provincias que no lograron acordar sus deudas con acreedores externos, en un intento por evitar un efecto dominó luego de la demanda de bonistas de Entre Ríos ante tribunales de Nueva York por el incumplimiento de ese distrito que gobierna Gustavo Bordet, en el pago de un vencimiento de intereses por 21,87 millones de dólares correspondientes a una deuda de 500 millones de dólares.

Para ello, Martín Guzmán, citó para mañana al ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur y los ministros de finanzas de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy para analizar el estado de cada una de las gestiones que desde hace casi un año vienen realizando los estados subnacionales para reestructurar los compromisos asumidos por cerca de 12.000 millones de dólares, una situación que se tornó poco sostenible con la crisis de 2018, la fuga de capitales y las devaluaciones de ese año y de 2019.

Tal como sucedió a principios del año pasado cuando las provincias se encaramaron detrás del proceso de canje de deuda nacional, la aspiración de la Casa Rosada es que un acuerdo cercano con el Fondo Monetario destrabe también las gestiones que llevan adelante los gobernadores.

La convocatoria de Nación se produce en momentos de serias dificultades para la provincia de Córdoba, que ingresa por estas horas en un default técnico por el incumplimiento de un cupón de intereses, tras el rechazo de los acreedores a su última propuesta. Una senda que, en rigor, también transita el gobierno del salteño Gustavo Sáenz, que el jueves abrió un período de gracia por un mes y apuesta a la recuperación de la producción de hidrocarburos para garantizar el pago automático de un cupón de unos títulos públicos en dólares, emitidos en julio del 2016, por 350 millones de dólares.

El caso de la provincia mediterránea es más complejo. El gobierno de Juan Schiaretti, que a diferencia del resto sí venía pagando los vencimientos mientras negociaba, no pudo pagar el 9 de diciembre un cupón de intereses de 25 millones de dólares, cuyo plazo de gracia expira hoy.

“Técnicamente se entrará inevitablemente en cesación de pagos. Pero se sigue negociando. Las gestiones son muy intensas”, reconoció un colaborador del gobierno cordobés en diálogo con el portal especializado Ámbito.com

La provincia de Córdoba lleva adelante un proceso de reestructuración integral de tres títulos por 1.685 millones de dólares. Vencido el plazo de negociación, el primero de enero volvió a presentar una tercera mejora a la oferta original, con una serie de contraprestaciones y aumento de tasas, que fue rechazada por los acreedores.

“En líneas generales, esto representa una reducción marginal en el cupón de interés, que rápidamente escala a la tasa original del título, viniendo la ‘concesión’ de los acreedores en la extensión de la maturity del nuevo bono”, explica un trabajo de la consultora Aerarium sobre el estado de las deudas subnacionales.

En este contexto, y como viene haciendo desde hace casi un año, el gobierno e Axel Kicillof extendió la semana pasada y por décima primera vez, el plazo de negociación al 29 de enero, sin introducir modificaciones en la oferta, ante la falta de avances en la negociación y habiéndose vencido el plazo de gracia. La provincia de Buenos Aires busca reestructurar 7.148 millones de dólares.

Dilaciones

“Dado que estos litigios suelen durar entre 2 y 3 años, esta estrategia (de apelar a los períodos de gracia) permitiría a la actual gestión atravesar gran parte de su mandato sin abonar sus vencimientos en moneda extranjera, ‘pateando’ el problema al gobernador entrante”, advierte Aerarium en otra parte de su informe.

Hasta el momento, sólo Río Negro, Chubut, Neuquén y Mendoza lograron una aceptación de sus propuestas de canje, con tasas de interés de entre el 11% y el 14%, condiciones particulares de distritos cuyas deudas estaban respaldadas por regalías hidrocarburíferas.

Según estiman, la variación en el tipo de cambio hizo que las provincias tuviesen que disponer del doble de recursos para poder afrontar los servicios de deuda, ya fueran intereses o el vencimiento del capital. Esas dificultades, agravadas por el impacto económico de la pandemia, sumió a los distritos en un estrés fiscal que complejizó el cumplimiento de diversos compromisos intermedios, en el marco de los procesos de reperfilamiento abiertos a principios de 2020, en simultáneo con el Gobierno nacional.

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