Opinión 02/12/2020

Verdad

Simultáneamente con la Cámara de Diputados de la Nación, la de la Provincia debatió sobre el aborto. Fue a partir de un proyecto instando a los Legisladores Nacionales por Salta a pronunciarse en rechazo del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo presentado girado por el presidente Alberto Fernández. El debate entusiasmó a algunos e irritó a otros, porque se sintieron obligados a participar de una discusión inconducente. Es que el tema no es responsabilidad de la Legislatura; solo el Congreso tiene facultad para resolverlo.

Cabe señalar que el intercambio de ideas fue muy enjundioso pero inútil.  Al igual que en la discusión social, cada cual sostuvo una posición personal, sin punto de referencia en un pensamiento político y abordó una cuestión compleja desde una arista que domina, que le resulta cómoda o la considera fructífera.

La declaración aprobada fue presentada por la mayoría de los integrantes de la Cámara, sin distinción de sectores políticos. Solo expresa la demanda que los Legisladores Nacionales por Salta, se pronuncien “a favor y en defensa de la vida” en el proyecto de Ley ingresado al Congreso Nacional el 17 de noviembre pasado, relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Buena parte de los que promovieron la iniciativa se arrogaron la representación cabal del pensamiento de la mayoría  de la población y, en general, expresaron que estar a favor de la vida es evitar la muerte, como si fuese suficiente.  Es que los que se opusieron también enarbolaron los mismos fundamentos pero en otro contexto, en otro plano de derechos y libertades.

La amplia adhesión que generó el proyecto fue puesta en duda por las asignaturas pendientes que tiene la Cámara y por opiniones contradictorias que sostienen los firmantes. Desde el propio grupo surgieron las críticas como cuando se hizo notar la hipocresía de los que dicen defender la vida del niño por nacer y promueven la pena de muerte. O los que apuestan a las dos vidas pero no hacen el esfuerzo por resolver las carencias que conducen a la muerte por desnutrición, por falta de asistencia sanitaria y en definitiva, por la mala calidad de la vida que les tocará vivir  una vez nacidos.

Todos los legisladores parecieron tener razón, transitando en una u otra vereda.  Por ejemplo, a la consideración que no se debe legalizar solo porque es un hecho que existe se opuso la afirmación que el verdadero derecho a la vida es evitar que haya mujeres que mueran al abortar en malas condiciones.

Los que se despojaron de sus condicionamientos religiosos para sustentar la negativa a apoyar la legalización de la interrupción voluntaria del aborto, terminaron echando mano a los pronunciamientos al respecto realizados por el papa Francisco para dar fuerza a sus posiciones. Los que intentaron alejar cualquier sospecha de segundas intenciones en la imposición del tema en un debate político, no evitaron la distraída referencia a que será la gente la que tomará el peso de esa posición al momento de elegir a sus representantes. 

El proyecto, que no parecía tener altura política, fue tachado de antidemocrático porque desconoce facultades que tienen los legisladores nacionales, que llegaron a sus bancas tras presentar propuestas y exponer posturas respecto de los grandes temas nacionales, como el del aborto. Y fue considerado como una maniobra dilatoria para postergar el necesario tratamiento de los temas que apunten a la solución de problemas que quizás, preceden y generan la tragedia de un aborto. 

Cuando todos tienen la verdad, nadie la tiene y es necesario seguir buscándola, profundizando el debate.

Salta, 02 de diciembre de 2020

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