Luego que la semana pasada se interviniera el Municipio de Aguaray, una medida que es extrema, hay jefes comunales que están al borde de enfrentar juicio político y otros tensan la cuerda de la relación con sus Concejos Deliberantes. Y en general, todos afrontan severos problemas financieros.

Respecto de esta situación, el secretario del Interior Mario Cuenca ofreció un informe que reconoce la caída de recursos disponibles y algunos cuestionamientos por una errónea imputación como fondos Covid los que eran partidas ordinarias de coparticipación. Marcó que hay municipios muy complicados como Colonia Santa Rosa, cuyos recursos sólo le alcanzan para pagar sueldos o Salvador Mazza, que perdió importantes ingresos propios por la restricción del comercio de frontera. Además, sin fondos especiales como los de la soja –cuya recuperación se reclama en el debate sobre el presupuesto nacional- y el impuesto a las Cooperadoras Asistenciales, solo con mucho esfuerzo y ayuda provincial, nacional o financiamiento internacional, desarrollan pequeñas obras. 

Cafayate, sumido en una profunda crisis financiera, atraviesa también una crisis política, que está disolviendo el gabinete del intendente Almeda. Este jueves anunció el alejamiento de uno de sus colaboradores más importante y cercano. El Secretario de Obras Públicas renunció bajo el manto de sospecha por el manejo irregular de ingentes recursos, que cubre también la gestión del titular del Ejecutivo. En la misma región, la de los Valle Calchaquíes, el Concejo Deliberante de San Carlos declaró la necesidad de iniciar juicio político por presunto mal desempeño al jefe comunal de esa localidad, formulando diecinueve cargos en su contra. Héctor Raúl Vargas fue noticia provincial cuando puso en circulación creación de una moneda virtual denominada “Sancarleño” y cuando se adelantó a cualquier otro Ejecutivo en investigar si algún funcionario de su gobierno hizo gestiones para cobrar el IFE. A él lo acusan de no presentar informes por la supuesta irregular administración de fondos y bienes comunales.

En el Valle de Lerma la situación están casi en un punto de ignición en algunos municipios. Es el caso de Rosario de Lerma, donde el Concejo Deliberante se dividió y una de las partes denuncia la existencia de una asociación ilícita entre el intendente, un diputado y el senador del Departamento. En Cerrillos, la ampliación del cementerio es el tema que discuten oficialismo y oposición.

El intendente de Chicoana, en tanto, interpuso una denuncia para que la Justicia lo investigue en torno a las acusaciones que públicamente hicieron en su contra el presidente del Concejo Deliberante, que lo acusó de intentar sobornar a los ediles y la diputada del departamento, que puso en tela de juicio la transparencia en el manejo de dinero de obras turísticas. En otro punto no menos importante, no se puede dejar de lado la pésima situación institucional del gobierno del Municipio de la Capital. La intendenta Bettina Romero intenta gobernar sin la participación y el control del Concejo Deliberante.

El conjunto de jefes comunales debe observar la evolución de la situación de un ex intendente de Campo Quijano, cuya detención ha sido solicitada en una causa por corrupción. Si la Justicia salteña sigue sin castigar ese tipo de hechos, podrán considerar que hay piedra libre para tomar como propios los bienes públicos y tomar a la función pública como la herramienta más eficaz para lograr el beneficio personal.

Entonces, la democracia habrá perdido todo sentido.

Salta, 23 de octubre de 2020