La iniciativa, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, fue aprobada por la mayoría de la Cámara y recibió los votos negativos de los senadores Guillermo Durand Cornejo de Capital y Javier Mónico de Rosario de la Frontera.

El miembro informante del dictamen de mayoría fue el senador de La Poma, Dani Nolasco, quien manifestó en el recinto que la norma pretende preservar la salud tanto de quienes se desempeñan en el Poder Judicial como así también de los justiciables.

“Los actos procesales más críticos son las audiencias presenciales donde se encuentran varias personas que podrían poner en riesgo si una de ellas está contagiada, por lo que sin restringir los derechos de las partes y sin paralizar las actuaciones, se dictan normas para continuar con los procesos”, dijo el senador y añadió que todas las notificaciones serán de forma electrónica.

El senador Durand Cornejo, integrante del bloque oficialista Salta Tiene Futuro, objetó el proyecto afirmando que no se procedió como es costumbre en el Senado, a escuchar todas las voces involucradas, en especial el Colegio de Abobados.

Indicó que precisamente esa institución, envió una nota a la Cámara objetando la iniciativa y citó además las observaciones de integrantes del Ministerio Público.

Por su parte, el senador Javier Mónico manifestó que instituciones que velan por la Calidad Institucional de Salta, rechazaron el proyecto por los riesgos jurídicos del mismo.

Además, citó las consideraciones del Defensor General de la Provincia Pedro García Castiella y de la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, quienes señalaron que esta ley “podría dar lugar a arbitrariedades y desigualdades en la resolución de expedientes judiciales”.

Es una advertencia que se nos está haciendo desde el Ministerio Público”, dijo Mónico.