Ya no es poker o ajedrez: será box global por una bolsa de 66.000 millones de dólares. En un rincón, apoyado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca, Francisco y la Unión Europea (UE), estará Alberto Fernández. Y en el otro, respaldado por Wall Street, habrá cerca de 25 fondos de inversión que exigen mejorar una oferta oficial que privilegia la sostenibilidad de la deuda externa en épocas de COVID-19 y crisis económica mundial.

La pelea tendrá un sólo round, durante todo junio, y se aguardan dos resultados posibles: empate técnico con deal entre las partes, o aceleración del default con Argentina demandada en los tribunales de Manhattan.

A diferencia de experiencias históricas anteriores, es la primera vez que el FMI juega al lado de un gobierno democrático en una negociación por la deuda externa privada. Y este hecho inédito se debe -fundamentalmente- a las relaciones de poder que Alberto Fernández consolidó con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, la Casa Blanca, Xi Jinping, Francisco, Ángela Merkel, Emmanuel Macron y la Unión Europea (UE).

No tuvieron idéntica oportunidad, los distintos jefes de Estado que llegaron antes a la Casa Rosada. En 1983, Raúl Alfonsín fracasó con su Club de Deudores; en 1989, Carlos Menem validó la capitalización de la deuda con bonos que tomó a su valor nominal; en 2001, Fernando de la Rúa apenas balbuceó en su reunión con George Bush (h) para esquivar las presiones del FMI; en 2005 y 2010, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner jugaron sin contexto geopolítico para cerrar sus canjes; y durante la gestión de Mauricio Macri, el bailout de Christine Lagarde y su staff sólo sirvió para pagar a los acreedores de siempre. 

El apoyo del FMI a la estrategia de negociación de Alberto Fernández no sólo tiene un valor geopolítico. Implica además la demarcación de una línea roja al momento de cerrar un eventual acuerdo con los acreedores privados. Y esa línea roja se explicita en dólares y a través del Valor Presente Neto (VPN) de los bonos a canjear.

En su primer oferta, Martín Guzmán ofreció 40 dólares de NPV por cada lámina de 100 dólares. Los fondos inversión dijeron que no. Pretendían un promedio que oscilaba entre 54 y 62 dólares de NPV.

En su propuesta enmendada, el ministro de Economía ofertó 45 dólares de NPV -promedio- por cada 100 dólares. Los acreedores privados volvieron a rechazar y replicaron con una iniciativa que tenía una media de 53 dólares de NPV por cada 100 dólares.

Ayer, tras una larga ronda de conversaciones reservadas, el FMI anunció la última línea roja que delimita las negociaciones entre Olivos y los acreedores privados. 50 dólares de NPV por cada cien dólares. Ni uno más, ni uno menos.

Es decir: el último round entre Alberto Fernández y los bonistas se juega por tres dólares, que proyectados en la cifra global de 66.000 millones de dólares, alcanza una cifra colosal e insostenible.
Argentina se plantó en 50 dólares por cada 100, y los acreedores exigen llevar la oferta a 53 dólares por cada 100. El FMI es una pieza clave de la negociación y no permitirá una nueva línea roja. Es 50 dólares de NPV, y los bonistas tienen dos opciones: aceptan la propuesta o aceleran el default.

Los límites explicitados por el FMI colocaron en un laberinto a los acreedores privados. Durante las últimas semanas de negociación, los bonistas exigían una mayor participación del Fondo ante los argumentos que presentaba Guzmán para mantenerse firme en la oferta oficial. El ministro de Economía sostenía que no podía mejorar la propuesta por los informes de sostenibilidad de la deuda redactados por el staff del FMI.

En este contexto, los acreedores iniciaron una ronda de consultas con el Fondo Monetario Internacional para determinar si los argumentos de Guzmán eran un bluff o un límite político financiero que no se podía correr. La respuesta del FMI fue simple y lacónica: “Es una hoja de ruta; no es la Biblia”.

Frente a esta explicación, los bonistas exigieron que las autoridades del FMI acotaran los márgenes de maniobra del ministro de Economía, apuntando a forzar una apertura de los límites de la oferta oficial para lograr un acuerdo que evite una demanda por default en los tribunales de New York.

La directora gerente Georgieva satisfizo los planteos de los acreedores privados: fijó en 50 dólares de NPV a los bonos, y ahora reclama que todos los fondos terminen con la pulseada y cierren el deal con la quinta de Olivos. Ese valor de 50 dólares es una respuesta directa a las exigencia de los bonistas: implica un 25 por ciento neto de aumento de la oferta original (de 40 dólares a 50 dólares por cada título soberano cada 100 dólares).

Infobae