De hecho, hay aproximadamente 35.000 empresas que están considerando cerrar su negocio, lo cual pondría en riesgo los puestos de trabajo de 190.000 empleados. Estas pymes pertenecen mayormente al sector servicios (9%) y a la dimensión micro (7%) y pequeña (6%).

"El 6% del total de las pymes dice explícitamente que están considerando abandonar su actividad porque no pueden pagar salarios ni con la ayuda del Gobierno, y no tienen capacidad de endeudarse. Pero además un 25% de las empresas tampoco puede afrontar los gastos de abril con la ayuda del Gobierno y, si bien dice que va a endeudarse o aportar capital nuevo, si no lo logra, se produce una quiebra implícita y ahí el impacto ocupacional será muchas más fuerte", señala Vicente Donato, presidente de Observatorio Pyme.

"Siempre hubo un problema estructural de falta de liquidez en la empresas argentinas. Ahora se suma una situación que es sorprendente, dramática e inédita. Es un parate de un solo golpe, cuando normalmente los eventos económicos van desarrollándose lentamente. Esto es una caída al precipicio de golpe, no hubo mecanismos de estabilización automática funcionando", agregó.

La decisión del presidente Alberto Fernández de frenar la economía y decretar el aislamiento obligatorio para combatir la expansión del coronavirus fue bien recibida por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, con la extensión de la medida, y a pocos días de que venza el plazo decretado, los empresarios advierten sobre las consecuencias que ya comienzan a percibirse en la actividad económica. Hasta qué punto, se preguntan, el remedio empieza a ser más dañino que la enfermedad.

Las medidas que adoptó el Gobierno están en sintonía con las prevenciones que tomaron la mayoría de los países. Pero, a diferencia de otras economías, la Argentina arrastra dos años de recesión, caída brutal del consumo y de las inversiones, alta inflación y un déficit fiscal que limita los programas de salvataje que se pueden poner a disposición.

Además, el país tiene un problema estructural de financiamiento, con un mercado de capitales chico y una gran parte de la economía en la informalidad, que la deja fuera del acceso a los créditos bancarios. En este contexto, como si fuera poco, el Gobierno busca reestructurar su deuda externa para no terminar cayendo en default, luego de haber postergado los vencimientos de bonos en dólares emitidos bajo legislación local.

En el país hay aproximadamente 600.000 empresas privadas que registran asalariados, con casi 6,5 millones de puestos de trabajo. Entre el 65 y el 70% de este volumen de empleo es generado por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) -casi 4,5 millones de empleados-, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Actualmente, con la cuarentena obligatoria sólo el 10% de las mipymes (60.000 empresas) se encuentran totalmente operativas, mientras que el 54% -aproximadamente 325.000 empresas- está sin ninguna actividad, según el informe. Por otra parte, unas 215.000 empresas (36%) opera en forma parcial.

"Las empresas medianas muestran mayor presencia entre las parcialmente operativas. Desde el punto de vista sectorial, se observa que la tasa de inactividad es mayor en la construcción (74%), las industrias manufactureras (65%) y los comercios (61%)", señala el documento.

El Gobierno emitió un DNU especialmente dedicado a sostener la liquidez de las empresas para el pago de salarios y las respectivas contribuciones patronales, que se suma al crédito bancario a tasa subsidiada (reforzado con la ampliación de un fondo de garantía especial) y al vigente Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que habilita a tomar medidas de fuerza mayor concertadas entre empresas, sindicatos y el Estado, como destaca el informe.

Si bien las pymes dicen que "las medidas anunciadas son importantes y van en la dirección correcta", advierten que "no será insuficiente". Actualmente, el Gobierno anunció que pagará el 100% del salario mínimo ($16.875) de las empresas que empleen menos de 25 trabajadores; el 50% del salario mínimo a las que tengan entre 25 y 60 empleados, y se les reintegrará el 30% del salario mínimo a las empresas que tengan entre 60 y 100 empleados.

"Para obtener estos beneficios del DNU tienen que ser aprobados por una comisión interministerial de la cual participan los ministerios de Economía, de Trabajo y de Desarrollo Productivo y la Anses. Luego, cada caso pasa ad referéndum del jefe de Gabinete. Este proceso puede tardar un montón", explicó Donato.

"La medida va en la dirección correcta, pero no alcanzará. El Estado no tiene una gran espalda fiscal, por eso es necesario enfrentar esta situación con un acuerdo donde parte del equilibrio sea un ajuste compartido. Tampoco se puede cargarles todo el peso de esta situación a las empresas que están cerradas involuntariamente, porque habrá quiebras con efecto dominó", concluyó.

La Nación