Milei quiere eliminar pisos de financiamiento para educación, ciencia y defensa

El proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo ya envió a la Cámara de Diputados incluye un artículo que promete encender el debate en las próximas semanas. 

Se trata del artículo 30, que deroga una serie de disposiciones legales que establecían pisos de inversión obligatoria en áreas consideradas estratégicas como la educación, la ciencia y la defensa.

La iniciativa plantea la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obliga al Estado a garantizar recursos crecientes para la educación pública de gestión estatal. 

También elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían un sendero de inversión anual hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. A esto se suma la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que fijaba una asignación mínima del 0,2% del PBI para fortalecer escuelas técnicas.

En materia de defensa, el artículo elimina el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, que destinaba un porcentaje de los Derechos de Exportación para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

En los hechos, el Gobierno busca liberar el presupuesto de obligaciones de inversión preestablecidas para mantener el equilibrio fiscal y cumplir con la meta de déficit cero. De esta forma, el financiamiento de estas áreas quedará sujeto a las prioridades anuales definidas en el Presupuesto, sin que haya un mandato legal que exija incrementos automáticos.

La decisión genera fuerte controversia en sectores vinculados a la educación y la ciencia, que consideran estas asignaciones como un piso mínimo indispensable para garantizar políticas de largo plazo. Los especialistas en el sistema universitario ya advierten que la eliminación de la garantía de recursos puede afectar la planificación de carreras, infraestructura y salarios docentes, especialmente en un contexto de alta inflación.

En el campo científico, la quita de las metas de inversión preocupa a investigadores y organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología, que en los últimos años habían logrado consensuar una hoja de ruta para llegar al 1% del PBI en 2032. Ahora, el presupuesto para el área dependerá exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo y de la negociación parlamentaria.

La educación técnica también podría verse afectada, ya que el fondo que destinaba recursos para equipamiento, insumos y capacitación docente perderá su asignación mínima, lo que podría ralentizar la actualización tecnológica de las escuelas en un contexto de fuerte demanda laboral en oficios calificados.

En defensa, la eliminación de la fuente automática de financiamiento genera dudas sobre la continuidad de los planes de modernización de las Fuerzas Armadas. Sin esos recursos, el área dependerá del margen que quede en el presupuesto general de Defensa.

En el oficialismo defienden la medida como parte de la estrategia para ordenar las cuentas públicas y evitar gastos que no puedan sostenerse en el tiempo. Sin embargo, en la oposición ya anticipan que será uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento del Presupuesto, en un Congreso que se prepara para un cierre de año atravesado por la discusión de vetos, movilizaciones en la calle y la campaña electoral.

De aprobarse, el artículo 30 significará un cambio profundo en el esquema de financiamiento de políticas públicas sensibles. El debate pondrá sobre la mesa la tensión entre el objetivo de déficit cero y la necesidad de sostener inversiones que, según especialistas, son estratégicas para el desarrollo de mediano y largo plazo.

Qué dice el artículo 9 de la Ley de Educación nacional

El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB). 

La norma fue aprobada a finales de 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner. 

La decisión del Gobierno se conoce en la antesala de una semana clave en el Congreso. Este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá la insistencia para revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial docente, sancionada con amplia mayoría. 

La coincidencia de ambos hechos potencia la tensión política: mientras la oposición buscará reunir los dos tercios para restituir fondos a las universidades, el oficialismo plantea eliminar la obligación de destinar un piso de inversión a toda la educación pública, lo que anticipa un debate caliente en el recinto.

Cronista