Varias fueron las fuentes de información para la toma de esta decisión. Sin dudas que los datos de la pandemia en el país son los que tuvieron mayor influencia, especialmente acompañados por la lectura que de ellos hacen los especialistas. Sin embargo, se reconoce que solo se ha transitado la mitad del camino y en ese tramo lo que se logró es el aplanamiento de la curva de contagios, ralentizando ese proceso. No se ha logrado nada todavía, fue la evaluación que hoy hizo el presidente Alberto Fernández, en declaraciones periodísticas.

Ese dato se contrastó con otros, entre los que se destaca la ponderación del impacto del freno de la economía, consecuente con la imposición del aislamiento social que obliga a que la mayor parte de la fuerza productiva y laboral permanezca inactiva. Según un informe que se conoció este miércoles, de más de 20 millones argentinos que trabajan sólo 6 millones tienen asegurada su fuente laboral a corto plazo. La mitad de ellos son empleados públicos a los que se les está asegurando la continuidad de la relación con el Estado –más allá de las formas, algunas precarias- y, además, el monto de sus salarios. Ello así a  pesar de las nuevas obligaciones financieras que impone la emergencia sanitaria a las cuentas públicas.

No ocurre lo mismo en el sector privado, agobiado por una mayor presión fiscal y por menores ingresos, resultado de la paralización de las actividades. En ese ámbito –y de acuerdo al informe publicado por el portal Infobae- se desempeñan casi 7 millones de trabajadores de manera formal. A ellos se suman unos 2 millones y medio de cuentapropistas registrados. Sobre esta masa laboral hay riesgos de continuidad en las condiciones actuales, atento a que algunos ya están sufriendo suspensiones y despidos. Mucho más incierto es el destino de unos 7 millones y medio de personas que se desempeñan de manera informal, sea como empleados en negro o independientes no registrados.

Otro aspecto considerado es que la cuestión social es muy endeble y no solo por efecto del coronavirus. Pese al impacto de la pandemia, no se ha olvidado que ya el país atravesaba una crisis de proporciones desde hace dos años por lo menos. Ello lleva a considerar que pocos sectores cuentan con reservas como para soportar un mayor hundimiento mientras se preserva la salud comunitaria.

Lo que visualiza el Gobierno es que se incrementará la presión sobre sus recursos para habilitar una mayor asistencia, no solo alimentaria para los sectores más vulnerables, sino de distinto orden de parte de grupos que demandarán créditos blandos, subsidios varios y tarifas congeladas de servicios esenciales. Esa demanda se está insinuando mientras no se ha ingresado en el pico de la pandemia, que los expertos estiman que se va a producir en la segunda quincena de mayo; ello significa que mientras crecen los gastos para adecuar la estructura sanitaria, el acompañamiento social será esencial para no tener que pagar en breve  un altísimo costo político.

Los gobernadores se han sumado a la lista de los demandantes, porque forman parte del grupo que no tiene resto para mantener su funcionamiento. Con deudas y con una fuerte caída en sus recaudaciones, las provincias repiten la situación nacional. Deben evitar que el COVID-19 destruya el sistema asistencial, en materia sanitaria y social y, a la vez, dar oportunidad a que sobreviva el aparato productivo. 

Del equilibrio de esa puja, surgirá el perfil de la cuarentena en cada jurisdicción. 

Salta, 08 de abril de 2020