“Vemos con preocupación las medidas que ordena aplicar en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 creando un régimen sancionatorio por demás excesivo para quienes transgredan las normativas dispuestas por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020”, señala el comunicado.

Los organismos entienden que la citada norma provincial violatoria de derechos y garantías constitucionales y contradictoria a los artículos 205 y 239 del Código Penal con respecto a la competencia que se le otorga al Jefe de Policía para resolver infracciones, toda vez que es facultad de un fiscal Penal y del Juez de Garantías a partir de la promulgación de la Ley N° 7914.

Además, solicitaron que se instruya debidamente a las fuerzas de seguridad afectadas a los controles en la vía pública y en las rutas sobre las directivas emanadas del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que prime la buena comunicación y se evite el atropello y malos tratos que están sucediendo por parte de la policía provincial.

En tal sentido, pidieron la derogación del DNU provincial N° 255/2020 “por contener directiva que no contribuyen a la convivencia, ni ayudan a sobrellevar la tremenda situación por la que cada uno de nosotros, tanto funcionarios como ciudadanos debemos atravesar hasta que superemos la pandemia que asoló al país y al mundo entero”.

La petición fue avalada por la Mesa de Derechos Humanos que está integrada por Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y gremiales, Asociación Lucrecia Barquet, Asociación Coca Gallardo, H.I.J.O.S Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Pensamiento Penal.