Es cierto que la obra pública es declarada actividad esencial en el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el aislamiento social. También lo es que para los gobiernos se trata del sector de la economía que emerge como uno de los pilares en los que se apoyará la reactivación del país cuando se supere la emergencia sanitaria.

La Cámara de la Construcción local advirtió sobre la parálisis en las obras de infraestructura, que impacta en unas 25 mil familias que directamente dependen de su desarrollo para su sostenimiento. Si bien podrían mantener el ritmo de obras, lo cierto es que el financiamiento se ha suspendido y no hay certezas del cumplimiento de obligaciones de pago, que se ha prorrogado.

El reclamo provincial no es único. En realidad, es una demanda nacional que ha unificado en las gestiones a la UOCRA, el poderoso gremio nacional que representa a los trabajadores y a CAMARCO, la Cámara que nuclea a las empresas, que ya llegaron a los más altos niveles de gobierno. 

Tampoco es una situación exclusiva de la construcción pero días antes de la declaración del aislamiento que paraliza al país, estas entidades llevaron a la Casa Rosada el alerta de que el cuadro de situación en la actividad es desesperante. Allí entra la responsabilidad de los gobiernos en cualquiera de sus niveles. Se está registrando la falta de pagos a las empresas por parte del Estado y hay incertidumbre sobre qué ocurrirá con los proyectos futuros que debían ponerse en marcha. 

En esa inquietud caen las gestiones por el agua para Rivadavia, especialmente respecto de tratativas para licitar la construcción de 15 pozos, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha encarado con el Banco Mundial y que se sumarán a los siete ya iniciados en la zona. Se hace hincapié en estos emprendimientos porque son los pocos que se mantienen en los planes oficiales de estos tiempos.

A la construcción le sucede la crisis que doblega a buena parte de la economía argentina y está complicando mucho más a las cuentas del Estado, que tiene fuerte intervención en ese ámbito. Lo ha reconocido el Ministro provincial de Economía antes del mediodía de este viernes, quien asumió que son escasas las posibilidades de ponerlas en caja porque hasta las negociaciones que se habían iniciado tienen dificultades para avanzar.

Es así que sobre la obra pública no puede haber precisión alguna. Toda indica que en Salta va a sumar un segundo año de baja inversión. En 2019, el volumen de las mismas apenas había crecido en todo el país un 4%, afectado por los avatares electorales. Y la Provincia, en el monto total de casi 250 mil millones de pesos, apenas participó con un 12%, menos de 4 mil millones. Solo cinco jurisdicciones acumularon en el período anterior el 74% de la obra pública de todo el país.

No es el momento para reclamar por la arbitrariedad en el reparto de beneficios pero tampoco de dejar pasar  sin advertir que la injusticia suele ser parte del ejercicio del poder.

Salta, 27 de marzo de 2020