Esto ocurre cuando aún está vigente el plazo para pagar títulos de deuda que por 185 millones de dólares tomó la Provincia para integrar el llamado Fondo de Reparación Histórica para la realización de obras en esos mismos departamentos, que durante años vieron explotar sus valiosos recursos naturales, sin que hayan obtenido rendimientos. Por lo menos no los tuvieron sus pobladores.

En otras circunstancias, la sola mención de un estado de emergencia hubiese advertido sobre severos problemas que ni los gobiernos ni la sociedad civil están en condiciones de resolver con recursos ordinarios. Pero cuando es un escenario cotidiano, solo se puede visualizar que de lo que se trata es de dotar a los gobernantes de facultades y poderes que configuran la excepcionalidad, que se expresa también en la restricción o suspensión de algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden o, en su defecto, para evitar que la situación crítica se extienda y desate un caos aún mayor.

Serán nada más que 180 días, en cuyo transcurso se desplegarán las acciones necesarias para dar solución a la situación emergente de carencias esenciales que han llevado a que haya salteños que no tienen expectativas ni esperanzas y los más débiles, ni siquiera posibilidades de vivir. Al término de ese plazo –durante el que el Ejecutivo está facultado a disponer de refuerzos presupuestarios- podrá extenderse su vigencia.

Hay otras emergencias vigentes en la Provincia. Un caso es el de la violencia de género, dispuesta en setiembre de 2014 por dos años y que transcurre su segunda prórroga que vence este año. Las estadísticas de 2020 seguramente habilitarán otro período similar, atento a que la principal razón de su declaración no ha cambiado; está inalterable pese a las medidas adoptadas en su marco. En 2019, los femicidios en Salta aumentaron un 55% con respecto a 2018 y en lo que va del presente, ya hubo tres.

No menos preocupante es la emergencia económica, dispuesta en 1990 por doce meses y prorrogada cada año. Son casi tres décadas en estado de excepcionalidad, con limitaciones que especialmente afectan derechos de ciudadanos en su relación con el Estado. Quizás la dilatada vigencia de esta emergencia ha llevado a que pocos adviertan que la excepción es la regla. Y a la luz de los resultados, ineficaz para el interés general.

Si además se tiene en cuenta que desde fines de 2019 se sancionó una mega ley nacional llamada de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, debe reconocerse que hay un marco más general de alteración del sistema institucional, en el que uno de los poderes –en este caso el Ejecutivo- ha sido dotado de facultades extraordinarias para adoptar medidas de ajuste fiscal, creación de nuevos impuestos, manejo de la deuda pública, modificación del régimen de jubilaciones, congelación de tarifas y otras atribuciones especiales. Además declara una emergencia sanitaria.

Las crisis y las emergencias constituyen el paisaje cotidiano de una sociedad que no encuentra la salida de su laberinto.

Salta, 28 de enero de 2020