Opinión15/01/2020

Intromisión

Ni el 22 de enero ni el 6 de febrero. La puesta en marcha del Congreso para desarrollar el período extraordinario convocado a fines del año pasado será el 29 de febrero.

Hasta entonces se estima que el Poder Ejecutivo Nacional habrá terminado de elaborar proyectos cuya sanción necesita. Cabe recordar que la convocatoria incluye iniciativas vinculadas a la modificación del régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos, la creación del Consejo Económico y Social, un proyecto para dar un marco destinado a la renegociación de la deuda con el FMI y la reforma judicial. Ninguno de ellos llegó todavía al Parlamento.

De todas, el más avanzado es el referido al Consejo porque es el que más entusiasma al presidente Alberto Fernández y se estima que generará menores reparos y resistencia por parte de la oposición y de sectores corporativos que podrán ver afectados sus intereses. La próxima semana ya sería girado para que en las comisiones respectivas se vaya tomando conocimiento del mismo.

El mandatario dijo que será un espacio donde se podrá discutir políticas de futuro, saliendo un poco de la coyuntura. Adelantando aspectos del proyecto, se conoció que la instrucción presidencial se centró en asegurar la participación de todos los sectores económicos y sociales que estarán involucrados en cada temática que se discuta. También delineó un perfil para su presidencia que esté más allá del gobernante de turno y cuyo mando exceda al del Poder Ejecutivo. También excluirá a legisladores nacionales, quienes serán los que deban tratar las propuestas del organismo.

Respecto del resto de los temas, su complejidad justifica la demora. De todas maneras, el inesperado y extenso descanso de los parlamentarios podrá acortarse en el caso del Senado que deberá avanzar sobre las leyes de alquileres y de góndolas, que ya cuentan con media sanción de Diputados, que serían agregadas al temario de extraordinarias, en cuyo marco solo hubo el tratamiento y aprobación veloz de la llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Pese al marcado interés y al propósito enunciado en la campaña electoral de encarar su reforma, la normativa previsional no será alterada. Solo se cumplirá con la creación de una comisión de especialistas que deberá proponer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en la ley de emergencia. Pero no será tarea inmediata porque deberá tratar el nuevo coeficiente con todos los datos sobre la mesa para un sistema que sea sustentable, y que sea solidario en serio. Es lo que dijo un empinado vocero del oficialismo legislativo.

Hasta allí todo dentro de la normalidad institucional. Lo que se sale de ella es que el cronograma de tareas del Congreso contó con la directa intervención del Presidente de la Nación. La fijación de la fecha de reinicio de sesiones se determinó en una reunión entre el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Quizás no se advierta pero se trata lisa y llanamente de la intromisión de un poder en otro, rompiendo el equilibrio republicano entre estos. Que se haya naturalizado no le hace legítimo ni válido.

Salta, 15 de enero de 2020

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