La planificación del aumento contempla desde trabajadores en relación de dependencia hasta jubilados y beneficiarios de planes sociales.

El incremento en el piso de ingresos se parece más a las sumas no remunerativas que las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner aplicaron sobre los salarios de los trabajadores del sector privado para después incorporarlas a los haberes formales que a los bonos de $5.000 que impulsó Mauricio Macri en 2018 y este año. La clave es que en este caso los montos apuntarán a integrarse a sueldos, jubilaciones y valores de los planes sociales.

Con el sindicalismo el plan comenzó a discutirse en profundidad el martes durante una reunión que mantuvo Claudio Moroni, nominado para ser el próximo ministro de Trabajo, con la mesa chica ampliada de la CGT en la sede del gremio de Sanidad. Los interlocutores coincidieron en marcar la necesidad de evitar el traslado de esa suba a los precios para convertir la medida en una mejora efectiva en el poder adquisitivo.

Hasta ayer existía apenas un diseño preliminar del plan pero con el aval explícito de la central obrera, impulsora de una compensación para los sectores más golpeados por la devaluación de este año y la inflación acumulada. El equipo del próximo gobierno deberá, en los próximos días, establecer el mecanismo para la consagración de las subas: una opción era la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, en caso de lograr el consenso suficiente con los empresarios, y la otra era implementarlas por decreto.

Por lo pronto, Moroni transmitió la intención del presidente electo a una comitiva encabezada por Héctor Daer, cotitular de la CGT y el hombre del sector que goza de la mayor confianza de Alberto Fernández. Participó del encuentro una quincena de dirigentes entre los que se encontraban Carlos Acuña, el otro cosecretario general, Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Omar Viviani (taxistas), entre otros.

Como había adelantado este diario, apenas consagrado el triunfo del Frente de Todos el 27 de octubre la CGT ya avisaba sobre la necesidad de apuntalar la pirámide de ingresos. En la central de Azopardo contabilizan apenas ocho sindicatos con convenios colectivos de trabajo firmados este año con la garantía de que los salarios de sus respectivos sectores subirán al ritmo de la inflación y no perderán poder adquisitivo. Para el resto, la medida en carpeta del nuevo gobierno prevé un empujón hacia arriba al menos para las categorías más bajas de cada rubro.

Sin un monto definido, una de las certezas sobre la implementación del aumento pasará por hacerlo complementario de las paritarias 2020. Es decir que en función de la evolución de los valores de la canasta básica de bienes y servicios, los eventuales montos incorporados como arranque de la gestión de Alberto Fernández computarán como parte de las nuevas discusiones salariales. Moroni les dijo a los gremialistas, además, que buena parte del foco de la medida pasará por los jubilados, a quienes el futuro presidente ya les había prometido la restitución de los medicamentos que el PAMI proveía de manera gratuita hasta el año pasado.

Entre los empresarios el proyecto tuvo hasta ahora una circulación más acotada. Santiago Cafiero y otros referentes del futuro Gabinete comenzaron en los últimos días a tomar contacto con referentes de cada sector pero sin el nivel de precisión que expuso Moroni en su encuentro de este martes con la CGT. Ese capítulo será decisivo para evitar la traslación a precios de las eventuales subas dispuestas en el arranque de la gestión. Sobre todo, en vista de la experiencia negativa de los “acuerdos de caballeros” impulsados por Macri en los últimos años.

La novedad expuesta por el futuro ministro de Trabajo a los gremialistas remite a una declaración impactante de Roberto Fernández, que días atrás había instado al presidente electo a “darle a la maquinita” para “meter plata en el mercado”. Los dirigentes que escucharon a Moroni interpretaron que la medida alcanzará también a los trabajadores estatales.

Fuente: Ámbito.com