Opinión 20/11/2019

Derrumbe

Los que vuelven al llano, los que desde allí seguirán haciendo política para ayudar a la gente o para volver a la Legislatura y los que van a cubrir otros cargos electivos, casi la mitad de la Cámara de Diputados se despidió ayer de una gestión de, como mínimo, cuatro años. A la luz de los discursos de circunstancia, la experiencia legislativa no les resbaló; casi podría decirse que llegó para quedarse.

Legítimamente, casi una treintena de diputados cerró un capítulo de su vida que en solo algunos casos permitió una autocrítica y la expresión de que quedaron asignaturas pendientes. La mayoría aseguró que hizo lo que debía y, por poco, hasta le deben.

De eventuales incumplimientos hicieron cargo a un sistema imperfecto pero perfectible. No faltaron las referencias a los abusos de posiciones dominantes y el resentimiento apuntó a la figura de quien fuera el hombre fuerte de la Cámara, hoy devaluado por los cambios que empezaron en los comicios del 10 de noviembre. Con más precisión, con el proceso electoral abierto con la inscripción de espacios políticos al cerrar la primera mitad del año.

Cuatro elecciones para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales, dejaron sus huellas y se notaron en la última sesión del año de la Cámara de Diputados con la conformación de 2017. Se habló sin tapujos de doce años de gestión que dejaron una provincia defaulteada y acuerdos que deberán revisarse aunque hayan sido atados hace dos años atrás y los firmantes todavía están en las mismas funciones que le dieron facultades para hacer lo que se hizo y ahora debe deshacerse. 

Justamente quedó para una sesión tan especial como la de la noche de este martes el tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2017, un año electoral que generó gastos por encima de lo presupuesto  en un 58%. El análisis minucioso de cada página del informe de la Auditoría General de la Provincia terminó siendo un pretexto para que desde la oposición –aunque también se colaron voces del oficialismo- se cuestionara severamente no solo la transparencia de la gestión de Juan Manuel Urtubey sino la eficiencia de su gobierno. Su cómoda posición numérica desde 2007 no le había impuesto obstáculos, especialmente a la hora de transferir partidas sin exigencias cuando se ejecutaron ni explicaciones al momento de rendir cuentas, lo que se hizo de manera extemporánea y sin documentación respaldatoria.

Hasta los propios se parapetaron detrás del trabajo técnico del principal organismo de control público pero solo para dar formalidad a un voto que no impedirá que si emerge de las cuentas del Tesoro Provincial algún ilícito, se convoque a la Justicia para que se haga cargo de investigar el estropicio. Y fue el propio oficialismo el que se encargó de aclarar tal circunstancia.

Algunos de sus miembros avanzaron otros pasos y pidieron informes sobre uno de los fondos con los que se financiaron obras públicas; ello así al menos en la letra de la ley.  La positiva ponderación de la iniciativa pergeñada como una medida anticíclica cuando se veía venir la crisis que hoy está en su apogeo, esta vez no tuvo voceros.

Quizás por lo que marcara una mujer de la oposición respecto de que ante Ejecutivos avasallantes, cada vez el Legislativo es menos poder, en el último acto se tiraron abajo ejes vertebrales de la gestión de doce años. Además de tender el manto de la sospecha sobre el Fondo Bicentenario, se voltearon la boleta electrónica y las primarias obligatorias.

Y todo ello en una sesión que bordeó la falta de quorum en toda su extensión.

Salta, 20 de noviembre de 2019

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