Pero a horas de iniciada la transición se están exponiendo indicios de preocupación en torno de algunas cuestiones esenciales; una de ellas se refiere a la cuestión fiscal. Es que, por ahora, hubo referencias a cuentas equilibradas, a endeudamiento bajo control y a un estricto orden administrativo.

Sin embargo y cuando aún no se ha profundizado en los informes correspondientes, hay inquietud. Quien la expresa es el coordinador de la transición en representación del gobernador electo Gustavo Sáenz. Pablo Outes no solo es contador; es un hombre de extrema confianza y conoce cómo administra el actual intendente capitalino. El funcionario ya ha participado del ordenamiento de la comuna, cuya administración no ha provocado problemas a la gestión en los últimos cuatro años.

Apenas tomó contacto con la información suministrada advirtió dos flancos muy preocupantes. Uno de ellos es el impacto que podrían tener –si se producen- fallos arbitrales en contra, por decisiones que oportunamente tomara el gobernador Juan Manuel Urtubey. El inminente es el vinculado a la rescisión de la concesión de juegos de azar, que podría significar una sanción de unos 70 millones de dólares.

La otra es la dimensión del empleo público. Outes dijo que es una variable que se ha sobrepasado y distorsiona. La contundencia del concepto no implica que el nuevo gobierno producirá despidos pero pondrá una mano muy rígida porque el Estado no es una fuente de trabajo.

Está probado con datos oficiales del sector público y del privado que Salta está ubicada entre las 10 provincias que lideran el ranking actual de empleados estatales. La cifra que en diciembre de 2018 dio a conocer el Ministerio de Hacienda de la Nación, indica que con sus 93 mil 269 trabajadores, esta provincia supera la planta de Chaco, Jujuy y Santiago del Estero. Por encima solo figuran estados muchos más grandes como Buenos Aires –Provincia y Ciudad-, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Entre Ríos.

Sáenz no ve con buenos ojos utilizar recursos en sueldos. Según explicó su coordinador, el Estado está para prestar servicios y realizar obras como rutas o provisión de energía. Y ese punto es el nudo gordiano que no han podido resolver los debates académicos y políticos. Las provincias especialmente tienen a su cargo áreas como Educación y Salud, transferidas sin los recursos por el gobierno federal a fines de los ‘70 y principios de los ‘90. La investigación “Radiografía del empleo público en la Argentina”, elaborada por el Cippec en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, encontró que el Estado restauró su presencia en ámbitos de los cuales se había retirado años atrás, ya sea aumentando el personal en áreas esenciales como educación, salud y seguridad o haciéndose cargo de servicios que había tercerizado en concesionarios privados, como el caso del agua en Salta.

El empleo público es uno de los temas más sensibles, especialmente cuando la economía privada no creó empleo y no está en condiciones de hacerlo en lo inmediato.  Será uno de los temas a encarar cuando el nuevo gobierno tiene intacto su capital político.

Salta, 12 de noviembre de 2019