En la carta, el Comité se refiere a “los antecedentes fácticos del impugnado, su vinculación con hechos constitutivos de violencia de género, la violación de preceptos del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura y las obligaciones del Estado Argentino en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres”.

Además, citaron que a las denuncias por de violencia de género, se le suma otro antecedente “consistente en una denuncia contra el postulante por supuesta estafa”.

Al Comité lo preside Abel Cornejo y lo coordina Ana Cecilia Carraro. Lo integran también las fiscales de Violencia de Género, Claudia Geria; de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet; la directora del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso; la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Gabriela Rodríguez; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca y el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos. También son integrantes las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.