Arancibia afirma que es grave que Abel Díaz no quiera cumplir con la medida impuesta por un acoso callejero
La abogada e integrante de la Multisectorial de Mujeres, Josefina Arancibia, dialogó con “Noticia Criminis” sobre el acoso callejero y la resolución del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1ra nominación que obliga al periodista Abel Díaz a estudiar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la ley 7.888 de Protección Contra la Violencia de Género, por haber “acosado” a una jovencita que lo denunció.
Arancibia explicó que el acoso callejero es una forma de violencia contra las mujeres que se da en muy temprana edad de acuerdo a las encuestas que se realizaron. “Consiste en silbidos, comentarios indeseados, tocamientos y exhibiciones obscenas. Causan un daño psicológico en las personas que lo sufren, es por eso la necesidad de visibilizarlo”, aseveró.
La abogada sostuvo que el acoso callejero está recientemente incorporado en la ley 26.485 que entró en vigencia hace diez años, en ella se establece tipos y lugares donde se da la violencia contra la mujer.
En relación a la causa contra el periodista Abel Díaz, Arancibia dijo que tiene la posibilidad de seguir apelando la resolución que lo obliga a estudiar la ley pero hay que tener en cuenta que en la Provincia, se crearon juzgados especializados en la materia y estos funcionan como cautelares, es decir que se limitan a dictar las medidas de protección, tendientes a evitar que esta violencia se siga reproduciendo.
Consultada sobre los argumentos de la apelación planteada por la defensa de Díaz, donde afirma que no hay pruebas en su contra para cumplir con esa medida impuesta, Arancibia reiteró que se trata de juzgados cautelare y no hacen un proceso penal, sino que simplemente son medidas de protección y resguardo para la víctima por lo que la prueba cabal y suficiente es su relato.
La feminista integrante de la Multisectorial de Mujeres, explicó que se trata de la doctrina del testigo único y que percibe una cierta reticencia a obedecer una normativa impuesta, justamente por la cuestión arraigada de los valores socioculturales machistas y patriarcales que tenemos en nuestra sociedad.
“No es una sanción, es una simple medida y ni siquiera desde esa óptica se la quiere cumplir, es una cosa muy grave que invita a la reflexión. Tenemos que tener cuidado, máximo si se trata de figuras públicas como comunicadores sociales porque hay un plus de obligación en cuanto al buen desarrollo”, concluyó.
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