Aguas Blancas: el municipio que se usó para el narcotráfico
“Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, dijo el fiscal federal Eduardo Villalba al abrir su exposición en la audiencia de formalización de la acusación por lavado de activos contra 11 personas, entre ellas Carlos “Conejo” Martínez que estuvo fugado. Para el fiscal, la relevancia del caso no está solo en las modalidades que se investigan desde hace dos años, sino en la utilización del municipio de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, como herramienta para encubrir el origen de fondos ilícitos.
Del dinero a la intendencia
La vinculación de la política con el narcotráfico se señala como una de las evidencias de su avance en la sociedad. Este caso, según expusieron los fiscales que lo investigan hace dos años, es el ejemplo de ello.
Según la hipótesis de la fiscalía, Martínez, que ya tenía antecedentes por narcotráfico, montó una estructura criminal y destinó dinero en dólares a conseguir los votos necesarios para llegar a la intendencia. Fue electo en mayo de 2023 – diez años antes había sido condenado por transporte de estupefacientes-, y asumió, sin embargo, en diciembre de ese año. Desde ese cargo, sostienen los fiscales, amplió las actividades ilícitas de la organización, en especial el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando.
La acusación sostiene que Martínez utilizó un entramado de sociedades y contrataciones que funcionaban como pantallas. La fiscalía también advirtió un presunto desvío de dinero del municipio. El auxiliar fiscal Alberto Barbuto, de la PROCELAC, explicó las etapas del circuito de lavado (colocación, diversificación y consolidación) y el papel de los “operadores” contables y logísticos. Tres contadores están imputados por mover el dinero a través de empresas creadas o utilizadas para ese fin. Uno de ellos es Dimas Ruiz, que hace poco dejó su prisión preventiva a la espeda del juicio por el robo a mano armado de la frutihorticola Abra el Sol.
La influencia y las filtraciones
Villalba afirmó que, desde el poder, el exintendente habría conseguido “información sensible” de investigaciones que lo involucraban. Según la fiscalía, funcionarios de las fuerzas de seguridad le habrían filtrado esos datos, algo que para el fiscal quedó en evidencia cuando logró huir durante los allanamientos del sábado. El fiscal también relacionó esa influencia al caso de la muerte de su hermano, el “Oreja” Martínez, acribillado por sicarios y del cual obtuvo información privilegiada de parte del entonces juez de Orán Claudio Parisi, destituido el 12 de diciembre de 2024 y con juicio penal pendiente.
La fiscalía sostiene que la organización siguió operando incluso después de que Martínez fuera destituido como intendente, en septiembre de 2024.
La investigación está a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velasco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), respectivamente. También intervienen la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR NOA Ezequiel Coscia; y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier, de esa procuraduría, y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.