Trata en colegios de Salta: hay pruebas para avanzar a juicio y las penas podrían llegar a 25 años
La investigación federal por trata de niñas vinculada a colegios de Salta atraviesa su etapa final y ya reúne, según explicó Nicolás Escándar en Vale Todo por Aries, casi 30 víctimas y ocho personas imputadas. El recientemente designado defensor público oficial federal señaló que en noviembre vencerá el último plazo de prórroga de la investigación y consideró que existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación.
Escándar explicó que todavía resta ordenar una causa de gran volumen, que incluye el análisis de teléfonos y otra evidencia relacionada con las víctimas y los acusados.
“Hay prueba suficiente como para avanzar hacia el juicio”, sostuvo, aunque aclaró que por la complejidad del expediente el fiscal podría requerir alguna medida adicional antes de cerrar la etapa investigativa.
Sobre las eventuales condenas, estimó que podrían ser elevadas por la cantidad de víctimas y la reiteración de los hechos. Explicó que en estos casos puede operar el denominado concurso real de delitos, por lo que, a su criterio, las penas podrían ubicarse entre los 15 y los 25 años de prisión. La definición, de todos modos, dependerá de la acusación que finalmente se formule y de lo que resuelva el tribunal.
Escándar también calculó que el juicio podría desarrollarse durante 2027, posiblemente en el primer semestre, aunque admitió que podría trasladarse a la segunda mitad del año. Tras asumir su nuevo cargo, ya no continuará como defensor de las víctimas: esa función quedó a cargo de Diana Ramírez, quien se desempeña como defensora pública de víctimas subrogante.
La causa
La investigación se formalizó en septiembre de 2025, cuando la Justicia Federal imputó a cuatro adultos por la presunta captación de alumnas de un colegio secundario de la zona sur de Salta con fines de explotación sexual. Los acusados quedaron con prisión preventiva y también fue imputado provisoriamente un adolescente de 16 años.
La hipótesis fiscal sostiene que uno de los principales acusados, que trabajaba como remisero, habría aprovechado la confianza de familias que le encargaban el traslado de sus hijas para acercarse a las adolescentes y vincularlas con otros hombres. En aquel momento había tres víctimas identificadas, aunque la investigación ya contemplaba la posibilidad de más damnificadas.