España aprobó medidas contra los desalojos, pero el Congreso tiene la última palabra

El Gobierno de España aprobó un nuevo paquete de medidas destinadas a intervenir sobre el mercado de la vivienda, con mayor protección frente a los desalojos, prórrogas de contratos de alquiler y restricciones a la compra especulativa de inmuebles por parte de fondos de inversión.

Las medidas fueron adoptadas mediante dos reales decretos ley por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ahora deberán ser convalidadas por el Congreso para mantenerse vigentes.

Uno de los puntos centrales es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a desalojos de personas consideradas vulnerables.

El paquete también incorpora una regulación específica para los alquileres de temporada y de habitaciones, modalidades que ganaron peso en los últimos años y que quedaron en el centro del debate por el aumento de los precios.

Otra de las decisiones más importantes es la prohibición temporal de que los denominados fondos buitre compren viviendas con fines especulativos.

La restricción se extendería hasta 2028 y busca reducir la concentración de inmuebles residenciales en manos de grandes fondos de inversión. El Gobierno también dispuso la prórroga de contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.

En determinados casos, los contratos podrán extenderse durante dos años para evitar que los inquilinos queden obligados a renegociar inmediatamente en un mercado con precios elevados.

Sin embargo, la fórmula para establecer renovaciones automáticas de alquileres continúa generando diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques parlamentarios.

Sumar y otros sectores de izquierda reclaman mecanismos más amplios de estabilidad para los inquilinos, mientras fuerzas como Junts y el PNV exigen mayores garantías para los propietarios.

El Gobierno necesita ahora construir una mayoría en el Congreso para convalidar los decretos.

Los votos de algunos bloques que todavía no definieron su postura serán determinantes.

La aprobación del paquete se produjo después de varios días de protestas por la situación habitacional, especialmente en Madrid.

Uno de los casos que generó mayor impacto fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en una vivienda del barrio de Retiro y fue desalojada tras un conflicto con la empresa propietaria.

El episodio generó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol, con reclamos para que el Gobierno profundizara las medidas contra los desalojos y la especulación inmobiliaria.

Según la prensa española, el caso aceleró negociaciones que llevaban meses trabadas dentro de la coalición de Gobierno.

Las medidas aprobadas entrarán en vigor tras su publicación oficial, pero deberán superar la votación parlamentaria dentro del plazo legal previsto.

La discusión por la vivienda se convirtió así en uno de los principales focos políticos y sociales de España, con un debate abierto entre protección a los inquilinos, derechos de los propietarios y regulación de los grandes fondos de inversión.